La Cámara alta tratará la próxima semana uno de los proyectos centrales de la agenda del presidente Javier Milei. La iniciativa modifica el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos, introduce cambios en la Ley de Tierras, la Ley Pierri y el Manejo del Fuego, además de modernizar el sistema registral inmobiliario.
El Senado de la Nación debatirá el próximo jueves la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Gobierno nacional. La iniciativa, que atravesó trece versiones desde que obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo, propone una amplia reforma del marco legal vinculado al derecho de propiedad.
Aunque el eje central es reforzar la protección de la propiedad privada, el proyecto también modifica normas relacionadas con las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, el régimen de manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.
Uno de los principales cambios alcanza a la Ley de Expropiaciones. El texto establece que toda declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundamentada y ser interpretada de manera restrictiva. Además, exige que la expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para cumplir el objetivo perseguido.
La iniciativa también fortalece el derecho de los propietarios a ser indemnizados. Entre las modificaciones incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda acreditarse objetivamente, dispone que la valuación del inmueble se realice antes de cualquier anuncio oficial de expropiación y establece la actualización monetaria de la indemnización hasta el momento del pago efectivo. Asimismo, prohíbe la transferencia del dominio al Estado sin el pago previo de la compensación correspondiente.
Otro de los puntos que concentra mayor expectativa es la reforma del régimen de desalojos. El proyecto convierte estos procesos en trámites sumarísimos, agiliza las notificaciones judiciales y habilita la restitución anticipada de inmuebles en casos de ocupaciones ilegales o cuando el derecho del propietario presente suficiente respaldo.
No obstante, el texto incorpora una cláusula de protección para personas en situación de vulnerabilidad. En caso de existir menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para coordinar soluciones habitacionales transitorias, sin impedir el avance del proceso judicial.
La propuesta también modifica la Ley de Tierras Rurales, manteniendo la prohibición para que Estados extranjeros adquieran campos en el país, pero flexibilizando restricciones para otros compradores extranjeros e incorporando el mecanismo de silencio administrativo positivo para determinadas autorizaciones.
En cuanto a la Ley Pierri, la reforma exige acreditar una posesión pacífica, pública y continua durante diez años para acceder a la regularización dominial, limitando el beneficio a viviendas únicas y permanentes, aunque contempla excepciones para agricultores familiares.
En materia ambiental, el proyecto introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, derogando restricciones incorporadas en años anteriores y redefiniendo el régimen aplicable a los terrenos afectados por incendios forestales, uno de los aspectos que genera mayor controversia.
Finalmente, la iniciativa impulsa una modernización integral de los Registros de la Propiedad Inmueble, promoviendo la digitalización de trámites, el uso de firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
El oficialismo considera que la norma constituye una de las principales reformas institucionales del período legislativo y sostiene que brindará mayor seguridad jurídica para propietarios e inversores. La sesión del jueves permitirá medir el respaldo político con el que cuenta el Gobierno para avanzar con uno de los proyectos más importantes de su agenda parlamentaria.
