La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El nuevo texto mantiene las pensiones no contributivas, el acceso a prestaciones y la compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
El Gobierno nacional aceptó modificar su postura inicial sobre el sistema de discapacidad y dio marcha atrás con una serie de recortes que había incorporado al proyecto de Presupuesto 2027. Tras una extensa negociación con bloques opositores, la Cámara de Diputados aprobó una nueva versión de la Ley de Discapacidad, que mantiene buena parte de los derechos y prestaciones vigentes.
La iniciativa consiguió 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser analizada por el Senado para completar el trámite legislativo.
El texto original impulsado por el Ejecutivo contemplaba restricciones para acceder a las pensiones no contributivas por discapacidad, establecía incompatibilidades con el empleo formal y proponía eliminar el arancel unificado de las prestaciones.
Sin embargo, esos puntos fueron modificados luego de los reclamos de organizaciones vinculadas al sector y las exigencias de distintos bloques políticos.
Entre los principales aspectos que se mantienen figura la continuidad de las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a derechos y prestaciones.
También se conservarán el nomenclador universal y el arancel unificado, que establecen valores comunes para las prestaciones en todo el país. Además, se permitirá compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El acuerdo incorpora garantías de cobertura sanitaria a través del programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas y mecanismos para preservar el poder adquisitivo de los recursos destinados a cada beneficiario.
Por otra parte, establece auditorías periódicas y fija plazos para regularizar las deudas con los prestadores. En caso de existir obligaciones pendientes al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días y cancelarlas dentro de los 90 días.
La aprobación en Diputados representó un cambio respecto de la propuesta inicial del Gobierno y dejó en manos del Senado la definición final sobre el nuevo marco de protección para las personas con discapacidad.










