Marcela Juárez, vecina de Zapala y esposa de un efectivo policial retirado, denunció una compleja situación que afecta a más de 400 exintegrantes de la Policía de Neuquén, originada en un reclamo salarial iniciado en 2013.
Según explicó, el conflicto surgió a partir de un ajuste salarial que generó diferencias en la liquidación de haberes entre jerarquías, lo que derivó en un juicio contra la Provincia. Sin embargo, la demanda fue perdida y los efectivos debieron afrontar el pago de costas judiciales mediante un acuerdo extrajudicial que, según afirmó, fue cumplido por la mayoría de los involucrados.
El problema, indicó Juárez, se reactivó en noviembre de 2025 cuando comenzaron embargos sobre haberes de policías retirados, incluso de quienes habían cancelado sus obligaciones. Los descuentos, de alrededor de 600 mil pesos, habrían sido aplicados sin notificación clara ni especificación del concepto.
La denunciante cuestionó el accionar de abogados intervinientes y sostuvo que los afectados evalúan acciones legales por presunta estafa, además de reclamar la devolución de los montos embargados.
El caso continúa en proceso judicial mientras los retirados buscan una resolución definitiva a un conflicto que lleva más de una década sin cierre.
