El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó que se adjudicaron acuerdos marco para la provisión de combustible a la Administración Pública. La licitación permitió obtener descuentos de hasta el 4% sobre el precio de surtidor e incorporó sistemas de seguimiento para controlar el consumo de los vehículos oficiales.
El Gobierno nacional proyecta ahorrar al menos 18.000 millones de pesos durante los próximos dos años mediante un nuevo esquema de contratación de combustibles para la Administración Pública.
Así lo informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien anunció la firma de las resoluciones 109/26 y 116/26 para adjudicar los acuerdos marco.
Según explicó el funcionario, la licitación permitió que las principales petroleras del país compitieran por la provisión de combustible al Estado, junto con empresas especializadas en sistemas de telemetría.
Las ofertas contemplaron descuentos de hasta el 4% sobre el precio de surtidor, con la telemetría bonificada.
Sturzenegger sostuvo que el nuevo mecanismo fue posible tras la eliminación de las disposiciones que obligaban al Estado nacional a comprar combustible exclusivamente a YPF y a pagar los salarios de sus empleados a través del Banco Nación.
Ambas restricciones estaban establecidas en los decretos 1189/12 y 1187/12, respectivamente. En 2024, el Decreto 747/24 modificó ese esquema y habilitó la competencia entre proveedores para la contratación de ambos servicios.
Control del consumo de los vehículos oficiales
Uno de los componentes centrales del nuevo sistema será la incorporación de tecnología para monitorear el uso de combustible en la flota estatal.
La telemetría permitirá controlar mediante GPS los recorridos de los vehículos y registrar los datos de consumo obtenidos de las computadoras de las unidades. El objetivo es identificar posibles desvíos, prevenir usos indebidos y mejorar el seguimiento de los recursos destinados al funcionamiento de la Administración Pública.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por el ministro, la combinación de descuentos comerciales y controles tecnológicos permitirá alcanzar un ahorro mínimo de 18.000 millones de pesos en los primeros dos años de aplicación.
Sturzenegger también vinculó la medida con el acuerdo marco para el pago de salarios de los empleados públicos, que atribuyó a la apertura de la competencia bancaria. Según indicó, ese mecanismo habría generado un ahorro cercano a los cuatro millones de dólares mensuales.
El funcionario presentó ambas iniciativas como parte de la estrategia oficial para reducir costos, mejorar los mecanismos de contratación y fortalecer los controles sobre el uso de los recursos públicos.
