Frente a los recientes episodios de violencia registrados en establecimientos educativos, Simonelli consideró que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil no garantiza por sí sola una disminución de este tipo de situaciones.
El defensor sostuvo que hechos como peleas entre estudiantes, conflictos dentro y fuera de las escuelas y la presencia de armas requieren respuestas que excedan el ámbito penal.
Según explicó, el endurecimiento de las sanciones puede generar inicialmente algún efecto, pero no existe garantía de que evite nuevos episodios. Para lograr una reducción sostenida de la violencia, consideró necesario fortalecer la educación, las pautas de convivencia y valores como la solidaridad y el respeto.
También advirtió sobre un posible efecto no deseado de la reforma: que adultos comiencen a utilizar a menores de 14 años para cometer delitos, aprovechando que quedan fuera del nuevo régimen penal. Señaló que este fenómeno ya fue observado en algunas ciudades del país, aunque aclaró que no se trata de un fenómeno masivo y que no es posible anticipar si ocurrirá en la comarca.
