Con el decreto firmado por el gobernador se completó el esquema legal y administrativo necesario para su aplicación efectiva.
El gobierno de la provincia del Neuquén reglamentó la Ley 3488 y completó un paso fundamental en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo. La medida fue oficializada mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial, aprueba la reglamentación de la norma y establece los mecanismos necesarios para su aplicación efectiva en todo el territorio.
La Ley 3.488 permite a la Provincia asumir la competencia en delitos de menor cuantía vinculados al tráfico, tenencia y comercialización de drogas, en el marco de la legislación nacional vigente, con el objetivo de agilizar las investigaciones y optimizar la respuesta del sistema de seguridad y justicia.
El ministerio de Seguridad fue designado como autoridad de aplicación, con un rol central en la articulación de políticas, recursos y acciones junto al Poder Judicial y otros organismos.
El ministro Matías Nicolini destacó que “esta reglamentación nos permite dar un paso firme en la implementación de una herramienta estratégica para la provincia. La desfederalización nos acerca al territorio, nos permite actuar con mayor rapidez y dar respuestas concretas frente a un delito que afecta directamente a nuestros barrios”.
Uno de los ejes principales de la reglamentación es la administración de los bienes y fondos decomisados en el marco de estas investigaciones. La normativa establece que los recursos obtenidos serán distribuidos en tres destinos prioritarios: programas de prevención y rehabilitación del consumo, fortalecimiento de las políticas de seguridad —incluyendo equipamiento, capacitación e investigación—, y apoyo al funcionamiento del sistema judicial.
Al respecto, Nicolini remarcó que “cada recurso que se recupere del delito va a volver a la comunidad en forma de prevención, más seguridad y mejor capacidad del Estado para investigar y juzgar. Es una decisión clara de reinvertir en políticas públicas lo que antes alimentaba el circuito delictivo”.
Además, se fijan procedimientos para la gestión de los bienes secuestrados, que deberán ser inventariados, valuados y destinados a subasta, reutilización o destrucción en un plazo determinado, garantizando criterios de transparencia y eficiencia.
Otro aspecto central es la regulación del proceso de destrucción de estupefacientes, que estará a cargo del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, con intervención del Ministerio Público Fiscal. La normativa establece controles estrictos, plazos definidos, registro detallado y supervisión del procedimiento, asegurando la trazabilidad y la transparencia en cada etapa.
Logros
En su primer año de aplicación, la puesta en marcha permitió a la Provincia llegar a más de 100 condenas por microtráfico, con un alto nivel de resolución mediante procedimientos que agilizan los tiempos judiciales. Se aplicaron multas millonarias que superan los 400 millones de pesos, impactando directamente en la estructura económica de las redes delictivas.
El impacto también se reflejó en los indicadores de seguridad, con una disminución del 27,7% en los delitos vinculados al narcomenudeo y una baja del 16,3% en el delito general, en un contexto donde además se fortaleció la participación ciudadana, con más de 2.200 denuncias anónimas recibidas.
En el plano operativo, el despliegue de las fuerzas provinciales permitió realizar más de 130 allanamientos, con más de 150 personas puestas a disposición de la Justicia, además del secuestro de drogas, armas y vehículos, y un impacto económico directo sobre las organizaciones criminales.
La decisión de avanzar con la desfederalización permitió dotar de mayor eficacia a la persecución penal y optimizar la utilización de recursos, fortaleciendo la coordinación entre las autoridades judiciales y de seguridad.
Paralelamente, se consolidaron acciones complementarias como la desarticulación de “kioscos narco”, la recuperación de espacios públicos y el decomiso de bienes.
