La iniciativa busca preservar, conservar, recuperar y promover el uso sustentable del suelo irrigado con aptitud productiva, frente a la pérdida de superficie agrícola y a las nuevas presiones urbanas, industriales y de servicios.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén presentó hoy en la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas, una iniciativa orientada a ordenar el uso del territorio y resguardar las superficies irrigadas con aptitud productiva, consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.
La propuesta parte de una premisa central: el suelo productivo es un recurso escaso, limitado y no renovable. En este contexto, la Provincia advierte una pérdida sostenida y una fragmentación de la superficie frutícola, con 663 hectáreas menos durante 2025, mientras que la expansión de bases petroleras, talleres y servicios logísticos suma nuevas presiones sobre las chacras. El proyecto también contempla el crecimiento poblacional y urbano de la provincia: entre 2010 y 2020, la población pasó de 471.409 a 540.909 habitantes, un incremento del 15 por ciento, mientras que la huella urbana creció un 45 por ciento: de 12.460 a 18.083 hectáreas. La presentación señala que esta expansión dispersa consume más suelo por habitante y plantea la necesidad de compatibilizar el acceso a la vivienda con la protección de las áreas productivas.
“Para nosotros es de mucha importancia la decisión que ha tomado el gobernador Rolando Figueroa de impulsar un proyecto que tiene como principal objetivo la protección y el resguardo de tierras bajo riego y drenaje. Esas tierras cuentan con los suelos más productivos de nuestra provincia. Suelos que no se generan de un día parta el otro, sino que son parte un proceso agropecuario y biológico que hizo posible que hoy tengan un alto valor para nosotros, pero también para el país. La idea es que esta ley nos dé garantías, a los neuquinos, sobre lo que viene después de Vaca Muerta, que es continuar con una matriz que tendrá al turismo y a la producción como principales ejes de desarrollo”- indicó el secretario de Producción e Industria de Neuquén Diego García Rambeau en la presentación realizada ante los miembros de la Comisión de Producción, Industria y Comercio.
En este marco, la iniciativa propone ordenar el territorio sin plantear una elección entre producción, vivienda e industria, sino establecer condiciones para garantizar la convivencia de las tres actividades. Para ello, establece como objeto proteger, conservar, recuperar y utilizar de manera sustentable las tierras productivas de Neuquén, declarando su protección de interés público provincial.
El ámbito de aplicación comprende las tierras con aptitud productiva y bajo riego, tanto de dominio público como privado, estén o no actualmente en producción. También alcanza a aquellas superficies que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes o con aptitud agrícola reconocida oficialmente.
Entre sus principales herramientas, el proyecto establece un piso legal provincial de protección para el suelo irrigado y una cláusula de no regresión, que impide que normas de igual o menor jerarquía flexibilicen los estándares fijados por la Provincia. A su vez, los municipios y las comisiones de fomento podrán establecer medidas que incrementen ese nivel de protección.
La propuesta contempla además una zonificación en dos categorías. La Zona de Protección Prioritaria (ZP1) establece producción agropecuaria estricta, mientras que la Zona de Uso Condicionado (ZP2) permite determinados usos sujetos a evaluación, eficiencia hídrica y criterios de sustentabilidad. En ambos casos se fijan reglas específicas para la subdivisión de las unidades productivas y para la protección de la infraestructura hídrica.
La infraestructura del sistema de riego tendrá carácter intangible, incluyendo canales, acequias, compuertas, sifones y drenes. El proyecto prohíbe toda acción que altere, obstruya o comprometa su funcionalidad, independientemente de que se trate de obras públicas o privadas, y contempla como excepción aquellas obras públicas debidamente autorizadas que incorporen medidas compensatorias equivalentes.
En materia de desarrollo urbano e industrial, la iniciativa establece prioridad para el uso agropecuario y propone frenar la instalación de loteos y urbanizaciones en zonas productivas. También restringe el cambio de destino del suelo hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios, con excepción de viviendas familiares y de situaciones de interés público debidamente fundamentadas y respaldadas por dictámenes técnicos y ambientales.
La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el poder de policía, la exigencia de planes de manejo, la aplicación de sanciones y la coordinación de acciones. En articulación con Catastro y Recursos Hídricos, deberá confeccionar la cartografía oficial y vinculante de las áreas bajo riego. El proyecto también prevé un Consejo Provincial de carácter consultivo y asesor para proponer lineamientos, recomendar inversiones y promover la articulación institucional.
La iniciativa incorpora además herramientas de fiscalización e incentivos. Se prevén inspecciones mediante monitoreo remoto y controles presenciales, sanciones frente a acciones que afecten canales y drenes, alteren el suelo o el escurrimiento del agua, o impliquen loteos, fraccionamientos u obras sin autorización. Al mismo tiempo, se promueve el reconocimiento de buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica, con acceso prioritario a líneas de crédito específicas.
El proyecto contempla un régimen de sanciones graduado de acuerdo con la gravedad de la infracción, la superficie afectada, su carácter reversible o irreversible, el beneficio económico obtenido y la intencionalidad. También establece agravantes para los casos de reincidencia y prioriza la recomposición del daño por sobre la multa económica.
Otro de los instrumentos previstos es la creación del Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar la rehabilitación de drenajes críticos, la modernización de sistemas de medición y telemetría, la tecnificación del riego y acciones de protección frente a la salinización y los anegamientos. El fondo se integrará con recursos provenientes de multas, presupuesto provincial y eventuales aportes nacionales e internacionales.
La propuesta busca, de este modo, anticiparse a transformaciones territoriales que puedan generar efectos irreversibles y establecer una política provincial de protección del suelo productivo, entendiendo que la conservación de las tierras irrigadas es también una condición para fortalecer la producción local y la seguridad alimentaria. La presentación destaca que Neuquén tiene potencial para incrementar su producción frutícola, hortícola y de frutas finas y para abastecer una mayor proporción de la demanda de alimentos de la población neuquina y de nuevos mercados vinculados al crecimiento de la actividad económica.
De acuerdo con el proyecto, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que la reglamentación de los procedimientos técnicos y mecanismos de fiscalización tendrá un plazo máximo de 180 días.
