El Gobierno modificó por DNU la Ley de Migraciones y prohibirá el ingreso o la permanencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio o ultrajen símbolos patrios.
El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación de la Ley de Migraciones que impedirá el ingreso al país de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio contra la Argentina o incitado a la violencia por motivos de nacionalidad. La medida también contempla a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios y comenzará a regir desde este viernes 31 de julio.
La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial. Además de establecer nuevas causales para impedir el ingreso al territorio argentino, la norma habilita a cancelar la residencia de extranjeros que incurran en este tipo de conductas, pudiendo intimarlos a abandonar el país o disponer su expulsión.
Los cambios incorporados a la Ley de Migraciones
El decreto modifica el artículo 29 de la Ley de Migraciones e incorpora como causal de inadmisión la emisión de mensajes de odio, tanto de manera oral como escrita, la incitación a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad y la realización o instigación de actos considerados un ultraje a los símbolos patrios nacionales.
En paralelo, el artículo 62 de la misma ley fue actualizado para permitir que la Dirección Nacional de Migraciones cancele la residencia de extranjeros alcanzados por estas conductas. En esos casos, la autoridad podrá ordenar la salida del país dentro de un plazo determinado o disponer directamente la expulsión, evaluando previamente las circunstancias personales de cada situación.
El Ejecutivo aclaró expresamente que las nuevas disposiciones no alcanzan las expresiones de disenso político, las críticas de carácter académico, periodístico o ciudadano ni las opiniones protegidas por la Constitución Nacional. Según el texto oficial, la medida apunta exclusivamente a conductas que promuevan el odio o la violencia contra la República Argentina y sus habitantes.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del DNU, el Gobierno sostuvo que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional.
Según la normativa, estas manifestaciones afectan la convivencia social y representan un riesgo para la integridad y los derechos de las personas. En ese sentido, el Ejecutivo consideró que este tipo de acciones resulta incompatible con la política migratoria del país y con el respeto que deben observar quienes buscan ingresar o permanecer en el territorio nacional.
Para respaldar jurídicamente la medida, el decreto cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce la facultad soberana de cada Estado para admitir o impedir el ingreso de extranjeros bajo las condiciones que considere pertinentes.
La normativa entrará en vigencia el 31 de julio y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez antes de elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
Pocos minutos después de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que ratificó la decisión y afirmó que la medida responde a recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina. “La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó el mensaje oficial.
