Un plan que convierte en objeto de interés a quienes disienten. Una directiva para monitorear la acción de grupos sociales vulnerables. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) quedó en la mira por el que podría ser un accionar sin límites y reñido con la legalidad. Frente a un panorama de mucha gravedad, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) le reclamó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que aborde el tema con urgencia.
La SIDE, que resucitó por obra y gracia del decreto 614/2024 de Javier Milei, presentó a finales de octubre pasado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que se fijan los objetivos para el sistema de inteligencia. El PIN es secreto. Solo acceden a él el Presidente, la SIDE y la CBI.
En noviembre pasado, un comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR) alertaba que las cosas no iban bien. El partido vinculaba un ataque a sus oficinas por las discrepancias que había manifestado el senador Martín Lousteau, presidente de la CBI, durante el encuentro en el que las autoridades de la SIDE habían presentado el PIN.
Esta semana, el tema volvió con fuerza cuando trascendió que el PIN pondría como foco de interés a todos aquellos que busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios, o que generen pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno o busquen manipular la opinión pública durante procesos electorales.
El abanico es demasiado amplio. “Podría tratarse de cualquier periodista, experto, activista o ciudadano que cuestione decisiones gubernamentales o se exprese de manera disidente”, advirtieron desde la ICCSI en la nota a la que tuvo acceso Página/12 y fue enviada a la CBI.
A eso se le sumó que el periodista Hugo Alconada Mon reveló que existe una directiva firmada por el jefe de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, para monitorear a grupos sociales vulnerables y actores no estatales que puedan “capitalizar la creciente polarización política”.
Desde ICCSI remarcaron que “se trata de hipótesis de seguimiento político, estrictamente prohibidas”. La ley 25.520, en su artículo cuarto, establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La ICCSI también remarcó que en un contexto de conflictividad social, una directiva que ordena poner el foco en los movimientos sociales remite “a una larga experiencia de órdenes que dieron lugar a una vigilancia ilegal de referentes, familiares, organizaciones sociales y políticas, y en algunos justificaron acciones represivas muy violentas”. No lo mencionan, pero está fresco el recuerdo de la Secretaría de Inteligencia (SI) espiando a los movimientos piqueteros antes de la masacre de Puente Pueyrredón de junio de 2002.
Ante la posible violación de la ley de Inteligencia –que está sancionada con penas que van desde los tres hasta los diez años–, Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales), Beatriz Busaniche (Vía Libre) y Alberto Binder (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia) pidieron la convocatoria de la CBI.
En el Congreso dicen que la reunión podría tener lugar el próximo jueves por la tarde, aunque todavía no está confirmado. En ese momento se debería decidir si se cita al titular de la SIDE, Sergio Neiffert.
En realidad, la citación de Neiffert ya había sido decidida el 1 de abril pasado, pero nunca se operativizó. Fue después de que trascendió que la SIDE participaba del diseño de los operativos para las marchas de los miércoles. Su participación se incrementó después de la represión del 12 de marzo, cuando un gendarme disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo. En ese momento, también se había acordado convocar a la CBI a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Semanas atrás, la CBI recibió a referentes de organismos de derechos humanos. Escuchó, por un lado, a Litvachky, directora ejecutiva del CELS, y a Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ellos pusieron el foco en la inteligencia desplegada sobre los manifestantes. Cipriano García habló, por ejemplo, de la denuncia que hizo la CPM a principios de año: que habían detectado tareas de inteligencia ilegal durante una actividad que se hizo el 27 de diciembre pasado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
A nivel judicial, el escándalo del espionaje no ha tenido mayor correlato. En las últimas horas, el secretario general de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, Daniel “Tano” Catalano, amplió la denuncia que había presentado la semana pasada contra Javier Milei, Bullrich y Petri, mencionando las revelaciones sobre el plan de inteligencia. Le pidió al fiscal Guillermo Marijuan que requiera información a la SIDE sobre todos los antecedentes del PIN. El expediente está radicado en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
