El Senado arrancó el debate por la ampliación de la Corte Suprema 

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El Senado inició ayer el debate sobre ocho proyectos para reformar y ampliar la actual composición de la Corte Suprema de Justicia, en el que el kirchnerismo desató duras críticas a los cortesanos y al sistema de justicia ante un oficialismo libertario que evitó pronunciamientos claros y que busca estirar cualquier definición, al menos, hasta después de las elección parlamentaria de octubre. En el plenario de comisiones, los senadores también abrieron la discusión, que se da en simultáneo con la Cámara de Diputados, para reformar la representación de la Auditoría General de la Nación (AGN), que todavía mantiene acéfala su integración en el órgano auditor del Congreso sobre la administración pública nacional.

Tras el rechazo del Senado al intento del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, al que le tomaron juramento y ocupó el lugar por 39 días, los senadores abrieron el debate para ampliar los jueces de la Corte que actualmente tiene en funciones a solo tres de los cinco supremos: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Las iniciativas que el Gobierno y los bloques colaboracionista habían logrado frenar hasta ahora, se abrieron paso luego de que un propio aliado de la Casa Rosada, el salteño Juan Carlos Romero, presentó su proyecto y habilitó una mayoría para su discusión.

Los proyectos que están en danza, son ocho, entre ellos, el de Romero que propone pasar de 5 a 7 los miembros de la Corte; el de la neuquina Silvia Sapag (del interbloque de Unión por la Patria) que busca ampliarla a 15 miembros; y de la rionegrina Mónica Silva (de Juntos Somos Río Negro) que impulsa aumentar los integrantes a 9, en una composición federal con distribución de magistrados entre cinco regiones y donde ninguna cuente con más de dos representantes.

Las iniciativas restantes impulsan la paridad de género entre los miembros del máximo. La lista incluye a las iniciativas de la neuquina Lucila Crexell (MPN), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR) y la cordobesista Alejandra Vigo (UF).

En la apertura del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, (que preside Vigo), y de Justicia y Asuntos Penales (que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto), la senadora cordobesa sostuvo que se trata de “un tema que es sumamente importante” y, por eso, se tomarán “el tiempo” para analizar los ocho proyectos en carpeta, con invitados –entre ellos, del Poder Ejecutivo–, y “debatir todo el tiempo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”. El libertario riojano pidió “escuchar todas las voces” y “despojarse de las cuestiones ideológicas”. Ambos aclararon que la reunión sería informativa y, en sintonía con las aspiraciones de la Casa Rosada, que la discusión va a ser prolongada.

“Este no es un proyecto jurídico, sino político”, afirmó Romero y apuntó que “requiere del diálogo y del consenso”. “La Constitución en el ‘94 agravó muchas designaciones, exigiendo los dos tercios”, sostuvo el salteño al tiempo que recordó que “en esa década había partidos políticos fuertes y sólidos, que lograron acuerdos para alcanzar esa reforma”. “Hoy, después de dos décadas de grieta y fracaso de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, observó.

“De nada sirve aprobar una ley –insistió Romero– si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, cerró el aliado del oficialismo.

El jefe del interbloque de UxP, José Mayans, coincidió con Romero en que “esta es una discusión del sector político”. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90 por ciento no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”, dijo. 

Mayans cargó luego contra los jueces de la Corte y consideró que “no están a la altura de las circunstancias” y  que cometen “una violación permanente de la Constitución Nacional”. “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo”, disparó el formoseño y señaló que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales. Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado”.

Luego aseguró que desde su bloque están “dispuestos a un diálogo institucional” y “a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, pero subrayó: “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”.

Silvia Sapag se refirió duramente al Poder Judicial. “Es un poder monárquico, el poder mejor pago, donde esconden lo que ganan” y “eso los transforma en coimeados”, dijo y agregó: “La degradación es total y esto ha ido in crescendo desde los tribunales más bajos a la Corte Suprema”. La neuquina también hizo referencia a las marchas de los jubilados de cada miércoles ante el Congreso, donde “no hay ningún juez que los defienda; no hay un solo juez que venga un miércoles acá a ver lo que sucede”. “Esto de no tener justicia en nuestro país pasa hace mucho tiempo. En la dictadura, ¿Dónde estuvo el Poder Judicial?”, planteó y aseveró: “Desde allí a ahora el Poder Judicial no existe, o está viciado”.

El jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, plasmó la postura de parte de los senadores radicales. “Tenemos que dar el debate para resolver los problemas institucionales que tiene la Argentina en general, pero que no sea para resolver problemas políticos”, dijo el senador correntino que pese a firmar un dictamen a favor de una comisión investigadora del Criptogate en la Cámara alta finalmente votó en contra. Desde el macrismo no hubo opiniones sobre un debate que recién empieza.