El fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, explicó los principales alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre y establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Liotard señaló que uno de los cambios más destacados es la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al régimen de responsabilidad penal, aunque aclaró que la normativa contempla numerosas particularidades y medidas diferenciadas respecto del sistema de adultos.
“No solamente es la baja de la edad de 16 a 14 años. Hay una importante cantidad de cambios en las penas, en el tratamiento que debe recibir un menor y en los organismos que deben intervenir”, explicó.
El fiscal remarcó además que la nueva legislación contempla medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas reglas de conducta, reparación del daño, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico.
Sin embargo, planteó una de las principales dificultades que enfrenta la implementación en la región: la falta de infraestructura y dispositivos específicos para adolescentes.
“Nos está costando poder respetar los parámetros que nos da la ley con los elementos que tenemos. Si hipotéticamente hubiera que privar de la libertad a un menor, hoy por hoy no hay un lugar donde poder alojarlo”, sostuvo Leotard.
La normativa establece que la privación de la libertad debe ser excepcional y que los adolescentes deben contar con establecimientos y modalidades específicas. Además, prevé la intervención de operadores especializados y organismos destinados al seguimiento y acompañamiento de los jóvenes.
Hasta 15 años de pena
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el límite de las penas. Liotard explicó que el régimen establece un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, y aclaró que las penas no comienzan a cumplirse antes de los 18 años.
También señaló que la aplicación de la nueva normativa deberá articularse con la Ley Provincial 2302, el Código Procesal Penal de Neuquén y la intervención de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes.
“Tenemos que ir articulando todos estos procesos, siempre con la intervención de la Defensoría, que es quien vela más específicamente por los derechos de un menor”, indicó.
Finalmente, Liotard consideró que la nueva legislación demandará un período de adaptación de las distintas instituciones y organismos. En ese sentido, sostuvo que será importante brindar información en escuelas y otros espacios para evitar confusiones sobre el alcance de la norma.
La reglamentación nacional de la Ley 27.801 fue aprobada mediante el Decreto 875/2026, que también contempla mecanismos de coordinación entre organismos, supervisores especializados y medidas alternativas.
