La muerte de Salvador Ferreira, un joven de 38 años de Cutral Có, no solo dejó un vacío en su familia y amigos, sino que destapó una cadena de errores administrativos y negligencias que hoy generan indignación y dolor. Su hermano, Juan José Ferreira, relató en una entrevista radial el calvario que atravesó la familia: desde enterarse del fallecimiento por comentarios en redes sociales hasta descubrir que Salvador ya había sido enterrado sin que nadie los notificara.
Una sepultura sin aviso
El 16 de julio, los padres de Salvador se enteraron por terceros de la tragedia. Corrieron a la funeraria López, luego al cementerio municipal, donde se toparon con la realidad más cruel: su hijo ya estaba bajo tierra. “Mi mamá, en un ataque de desesperación, intentó rascar la tierra para desenterrarlo y confirmar si era él”, relató Juan José. La familia nunca recibió aviso oficial de la policía, la fiscalía ni de ningún organismo estatal.
Cadena de errores y contradicciones
El relato expone una trama de desidia institucional:
Policía: informó que no había intervenido, aunque las actas muestran que un efectivo participó en el levantamiento del cuerpo.
Fiscalía: emitió un oficio para el sepelio sin verificar la existencia de familiares, pese a que Salvador estaba registrado en Copelco con dirección vigente.
Desarrollo Social: ejecutó la orden sin cotejar datos ni buscar a la familia.
Cementerio: recibió el cuerpo sin firma en la ficha de ingreso, un procedimiento irregular.
Juan José lo definió como “una cadena de horrores” donde cada institución se limitó a cumplir órdenes sin asumir responsabilidad.
El trasfondo humano
Salvador, según sus amigos y compañeros de trabajo, no mostraba signos de depresión ni problemas graves. La noche previa a su muerte compartió pizzas, risas y un partido de la selección argentina. El forense determinó que se trató de una asfixia mecánica autoinducida, sin indicios de intervención de terceros. La familia, con dolor, acepta esa conclusión, pero denuncia el trato indigno posterior: “Lo trataron como un indigente”, dijo Juan José.
La decisión de la familia
Agotados por la falta de respuestas y el peso de enfrentarse a múltiples organismos, los Ferreira resolvieron no iniciar acciones legales contra el Estado. Prefieren enfocar sus energías en el duelo y en dignificar la memoria de Salvador, acondicionando el lugar donde fue enterrado de manera improvisada. “Necesitamos cerrar esta herida y comenzar el duelo”, expresó Juan José.
Este caso expone con crudeza cómo la burocracia puede deshumanizar la tragedia y cómo la falta de responsabilidad institucional convierte el dolor en indignación. La pregunta que queda flotando es clara: ¿quién se hará cargo de que un ciudadano haya sido sepultado sin que su familia siquiera lo supiera?
