La fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes.
La causa judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en una etapa decisiva. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, la fiscalía pidió condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina y sostuvo que la tragedia que provocó la muerte de 44 tripulantes pudo haberse evitado.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que las condiciones en las que operaba la nave eran deficientes y que los responsables de la cadena de mando conocían las fallas técnicas que presentaba el submarino antes de su última misión.
“El resultado era predecible” fue una de las definiciones más contundentes expresadas durante la exposición de los fiscales, quienes sostuvieron que el hundimiento no fue consecuencia de un hecho inesperado sino de una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la estructura naval.
Las penas solicitadas por la fiscalía
Los fiscales solicitaron las penas más altas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos.
Para ambos pidieron cinco años de prisión al considerar que autorizaron operaciones pese a las limitaciones y problemas técnicos que presentaba la embarcación.
Además, requirieron una condena de cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y de tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro imputados llegaron al juicio en libertad.
Según la acusación, todos contaban con información suficiente para advertir los riesgos asociados a la navegación del submarino y, sin embargo, no adoptaron medidas adecuadas para evitar exponer a la tripulación.
Las fallas que ya eran conocidas
Durante los alegatos, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la cadena de mando y detalló distintos incumplimientos vinculados con el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento del ARA San Juan.
Los fiscales sostuvieron que existían antecedentes técnicos que debían haber motivado controles más estrictos y decisiones preventivas antes de autorizar nuevas operaciones.
En ese contexto, remarcaron que los problemas que afectaban al submarino no eran desconocidos para los responsables de la fuerza y que había advertencias previas sobre distintas fallas técnicas.
Para la fiscal María Andrea Garmendia, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el desenlace debía ser considerado previsible dentro de las obligaciones de cuidado que correspondían a los acusados.
Una inspección de seguridad postergada
Uno de los puntos destacados por la acusación fue la postergación de una inspección de seguridad que debía realizarse antes de la tragedia.
Según señalaron los fiscales, durante el debate oral surgieron testimonios que permitieron acreditar que se priorizó la continuidad de las operaciones por encima de controles considerados fundamentales para la seguridad de la embarcación.
De acuerdo con la reconstrucción presentada ante el tribunal, la inspección prevista fue postergada para diciembre de 2017, un mes después de la desaparición del submarino.
Para la fiscalía, esa decisión constituye uno de los elementos que demuestran el incumplimiento de los deberes de cuidado por parte de los responsables de la Armada involucrados en el proceso.
La recta final del juicio
El debate oral es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.
Tras la finalización de los alegatos de la fiscalía será el turno de las querellas que representan a familiares de las víctimas y posteriormente expondrán las defensas de los acusados.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Durante un año su paradero fue una incógnita que mantuvo en vilo al país.
Finalmente, los restos del submarino fueron hallados a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, confirmando una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Armada Argentina.
A casi nueve años del hundimiento, el juicio busca determinar si existieron responsabilidades penales por decisiones adoptadas antes de la última navegación del submarino y si las fallas detectadas debieron haber impedido que la nave continuara operativa.
