La Justicia ratificó la vigencia de la ley y ordenó actualizar salarios, becas y fondos de investigación. El Ejecutivo busca revertir la medida por su impacto fiscal.
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y lo obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar partidas para investigación.
La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que avaló la medida cautelar sobre la ley 27.795, sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso.
Ley de Financiamiento Universitario: qué resolvió la Justicia
El fallo establece que el Estado debe cumplir con la normativa vigente, que incluye la actualización de salarios universitarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la aprobación de la ley.
Además, ordena recomponer becas estudiantiles y asegurar el financiamiento de proyectos de investigación, puntos centrales del reclamo del sistema universitario.
Apelación del Gobierno: estrategia judicial y camino a la Corte
Frente a este escenario, el Ejecutivo avanzará con un recurso extraordinario ante la misma Cámara. En caso de rechazo, recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión forma parte de una estrategia para intentar revertir la medida judicial y ganar margen en la discusión sobre el financiamiento universitario.
Impacto fiscal y plan del Ejecutivo para cumplir parcialmente
En paralelo a la apelación, el Gobierno evalúa cumplir con el fallo mediante transferencias mensuales, con el objetivo de evitar que el gasto se incorpore plenamente al presupuesto anual.
La intención es dosificar el impacto fiscal, en línea con la postura que el oficialismo mantiene desde la sanción de la ley.
Desde la administración nacional advierten que la aplicación completa de la norma implica un costo significativo para las cuentas públicas.
El conflicto por la actualización automática de fondos
El eje de la disputa se centra en los artículos que establecen mecanismos de actualización automática de salarios y partidas en función de la inflación.
Al momento de la promulgación, el Ejecutivo había intentado limitar su implementación mediante un decreto, argumentando la necesidad de definir fuentes de financiamiento, decisión que ahora fue cuestionada por la Justicia.
Cambios en el Congreso y antecedentes recientes
A mediano plazo, el Gobierno analiza impulsar modificaciones en el Congreso. Aunque no prevé derogar la ley, busca reemplazar el esquema actual por uno más acotado.
En la Casa Rosada aseguran que trabajan en una alternativa que permita compatibilizar la normativa con los objetivos fiscales.
Como antecedente, mencionan la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada por decreto tras tensiones similares entre el Ejecutivo y la Justicia.
