Después de casi cuatro décadas de vida conyugal, un matrimonio de Cipolletti, del cual nacieron tres hijos, decidió terminar el vínculo matrimonial y comenzó un juicio de divorcio. La mujer denunció que sostuvo el hogar y se encargó de la crianza de los hijos, “mientras él se desarrollaba profesionalmente”, por lo cual solicitó a la justicia, una compensación económica de su cónyuge. En el fallo, el Poder Judicial dio lugar a la solicitud por entender que existió un desequilibrio económico “generado por la división desigual de roles durante el matrimonio”, señala el fallo.
Para arribar al fallo, la jueza aplicó la perspectiva de género en el análisis del vínculo y entendió que el reparto tradicional de tares, “limitó el desarrollo personal y económico de una de las partes”, en este caso la mujer. En ese razonamiento, fijó una compensación mensual del 180 mil pesos durante 36 meses, actualizable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la magistrada impuso las costas al demandado y dejó constancia en el expediente del juicio de divorcio, vinculado a la división de bienes.
En el expediente costa que, durante casi 40 años que duró el matrimonio, la mujer se dedicó de manera exclusiva a las tareas del hogar y a la crianza de los tres hijos de la pareja, lo cual “postergó su desarrollo personal y profesional”, expresa. Revela además que, en una oportunidad, “surgió la posibilidad de acceder a un empleo en la municipalidad, pero no pudo aceptarlo”, debido a la negativa de su esposo a que ella trabajara. Como consecuencia, expresa la jueza, “se consolidó un esquema tradicional en el que él era el único sostén económico y ella a cargo del ámbito doméstico”.
En noviembre de 2023, la mujer inició el juicio de divorcio y solicitó una compensación económica, alegando que la ruptura “la dejó en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio”, ya que su expareja “continuaba residiendo en la vivienda familiar y conservaba el vehículo del matrimonio”. Ella en cambio, debió mudarse a un departamento alquilado junto a uno de sus hijos. Recién a partir de 2012, cuando sus hijos ya no requerían de su cuidado permanente, la mujer comenzó a trabajar en un consultorio.
La jueza consideró los testimonios de vecinas, amistades cercanas y hasta del propio demandado, quien reconoció que la mujer, “abandonó sus estudios para casarse, se dedicó toda su vida al hogar y los hijos y que él fue el único proveedor económico de la familia”. En el fallo, la magistrada entendió que el vínculo, “reprodujo roles tradicionales y desiguales que limitaron el desarrollo económico y personal de la mujer”.
La jueza remarcó que existió una desigualdad evidente tras la separación y señaló: “él con la carrera finalizada, vivienda y estabilidad y ella, con 56 años, sin estudios formales y con problemas de salud, iniciando recién su vida laboral”. En el mismo fallo, la magistrada expresó la necesidad de aplicar perspectiva de género en casos como este, “donde la historia personal está atravesada por mandatos sociales arraigados”.
