Fue condenado por administración fraudulenta y uso de documento falso. El fallo unificó una sentencia anterior y le prohíbe ejercer cargos públicos de por vida.
El exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado responsable de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y uso de documento ideológicamente falso.
La sentencia fue dictada en el marco de una causa vinculada al plan nacional de viviendas ACU994, implementado entre 2014 y 2015, donde se investigó una maniobra fraudulenta para obtener fondos del Estado nacional mediante una declaración jurada adulterada. Esta conducta permitió el último desembolso de dinero pese a que solo se habían construido 6 de las 12 viviendas previstas.
Qué resolvió el tribunal
El fallo unificó la nueva condena con una pena anterior de un año y seis meses dictada en 2019, y fijó una pena única de tres años en suspenso. Además, impuso al exintendente pautas de conducta por tres años y el pago de costas procesales.
Según se probó en el juicio, en agosto de 2015, Reggioni presentó una rendición de cuentas con un avance físico del 75%, cuando en realidad solo se había ejecutado el 50%. El informe fue acompañado por una declaración jurada firmada solo por él, sin la firma técnica del maestro mayor de obras. Esta irregularidad permitió destrabar el cuarto desembolso del programa de viviendas.
Sin apropiación personal, pero con responsabilidad institucional
El tribunal descartó que Reggioni se haya apropiado del dinero, y también que sea responsable del uso posterior de esos fondos, ya que el cuarto desembolso se realizó tras el fin de su mandato. No obstante, sí consideró probada su responsabilidad penal por falsear documentación oficial con fines administrativos.
Por el contrario, los otros imputados fueron absueltos, ya sea por falta de pruebas, retiro de acusación o cuestiones procesales. El tribunal también advirtió irregularidades en la administración municipal, como falta de documentación, desorden y mezcla de programas, que deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal.
Investigación en curso: ¿se investiga al actual intendente?
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó dar vista al Ministerio Público Fiscal sobre la posible responsabilidad del actual jefe comunal, Mariano Lavín, respecto a la rendición final de cuentas y certificaciones posteriores. Esto incluye una advertencia por presunto falso testimonio en su declaración durante el juicio.
