La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó el tratamiento de un proyecto que busca modificar la Ley 1355, norma que protege mares, ríos y lagos de la salmonicultura industrial. La decisión fue impulsada mediante maniobras reglamentarias y sin respaldo institucional, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales y sectores políticos que consideran que se trata de un hecho que viola la voluntad popular y los procedimientos democráticos.
La votación dejó en evidencia un consenso entre FORJA, el Partido Justicialista y La Libertad Avanza, que pese a sus diferencias discursivas se unieron para habilitar el debate de una iniciativa rechazada masivamente por la comunidad fueguina. Diversas agrupaciones señalaron que esta confluencia responde a los intereses del lobby salmonero, priorizando negocios privados por encima del mandato ciudadano de Tierra del Fuego.
La doctora Nancy Fernández, integrante de la Asociación Mane’Kenk, advirtió que la propuesta del Ejecutivo provincial de permitir salmonicultura en ríos, lagos y costas del norte, mientras se mantiene la protección del Canal Beagle, implica “entregar el norte como zona de sacrificio productiva”. Fernández subrayó que no existe ningún estudio técnico serio que justifique esta modificación y recordó que la industria salmonera ha demostrado su capacidad destructiva en otros países, generando contaminación, pérdida de biodiversidad y graves impactos sociales.
Frente a este escenario, el Partido Obrero y Tribuna Ambiental se pronunciaron en contra del proyecto y anunciaron su participación en el ruidazo provincial convocado por Comunidad Costera TDF, Ambiente en Lucha TDF y Mane’Kenk. La consigna es clara: “Los recursos naturales no se negocian”. Los colectivos remarcan que el pueblo debe decidir sobre su territorio y que la Ley 1355 debe mantenerse en su forma original para garantizar la protección de los ecosistemas de la provincia austral.
La polémica en Tierra del Fuego muestra que hay un conflicto de fondo entre la defensa del ambiente y los intentos de avanzar con proyectos productivos de alto impacto. Mientras las organizaciones sociales y ambientales insisten en que la ley vigente es un logro histórico que protege la biodiversidad y la salud de las comunidades, la Legislatura abre la puerta a un debate que podría redefinir el futuro de los recursos naturales de la provincia.
Acuerdo en Tierra del Fuego para fortalecer la salud mental comunitaria
Durante el 7° Congreso Internacional de Educación e Inclusión en Ushuaia, se firmó un convenio entre la provincia y FEPRA para fortalecer políticas de salud mental comunitaria. El acuerdo incluye capacitaciones, supervisión de prácticas y asesoramiento en políticas públicas, con foco en niñas, niños y adolescentes.
Autoridades y especialistas destacaron que la iniciativa busca enfrentar problemáticas actuales como violencia, redes sociales y ludopatías online. El convenio apunta a articular esfuerzos entre profesionales y gobierno para construir políticas públicas más integrales y efectivas.
