El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este lunes un operativo de control vehicular en Caleta Olivia, sobre la Ruta 3, para fiscalizar el cumplimiento de la Ley Provincial 90-10. Esta normativa exige que el 90% de los puestos laborales en sectores estratégicos como minería, petróleo y represas sean ocupados por residentes santacruceños con domicilio comprobado.
Vidal fue enfático al señalar que esta acción debió haberse implementado mucho antes dentro del territorio santacruceño para garantizar e impulsar los puestos de trabajo de los pobladores locales. El operativo, que se extenderá entre 30 y 35 días, se desplegará también en puntos clave como Holdich, aeropuertos, terminales y accesos a yacimientos y determinarán si concuerdan con los datos entregados a Santa Cruz.
No hay que olvidar que ya hubo problemas con la Ley 7030, cuando empresas falsificaban domicilios con el fin de evadir la normativa: “Vamos a constatar que los domicilios sean reales y que los trabajadores sean efectivamente santacruceños”. La iniciativa se enmarca en una estrategia de reconversión productiva que busca que los recursos generen beneficios concretos para su población.
El gobernador reconoció que la falta de profesionales calificados en la provincia es un desafío, pero responsabilizó a las empresas por no haber invertido en capacitación: “Durante años, las empresas no tuvieron compromiso ni responsabilidad social para capacitar a los santacruceños. Eso tiene que cambiar”. En ese sentido, exigió que las compañías asuman un rol activo en la formación del capital humano local, como parte de su vínculo con la comunidad.
Para garantizar la transparencia, el Ministerio de Trabajo implementará un Sistema Único de Información Laboral, que obligará a las empresas a actualizar sus datos cada 15 días. Claudio Vidal cerró su mensaje con una definición clara: “A mí me toca defender los intereses de los que viven en Santa Cruz“.
Gremio judicial exige al TSJ que aclare la convocatoria paritaria
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz solicitó al Tribunal Superior de Justicia confirmar la validez institucional de la convocatoria a paritarias, tras recibir una citación firmada por el Dr. Daniel Mariani. El pedido se fundamenta en la resolución que revocó su designación como presidente del TSJ.
El gremio busca garantizar que la apertura de la mesa paritaria se realice conforme a la Ley N.º 3022 de negociación colectiva. La Comisión Directiva remarcó que su intención es actuar dentro del marco legal y con representación válida del Tribunal.
