El bloque de Fuerza Patria pidió al Ejecutivo rionegrino que detalle las actividades y beneficios otorgados a Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro del presunto narco Federico “Fred” Machado. Investigan concesiones mineras, contratos estatales y presuntas conexiones políticas con el oficialismo y La Libertad Avanza.
Los bloques de Fuerza Patria presentaron un pedido de informes en la Legislatura de Río Negro para que el Gobierno provincial detalle las actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados sobre Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro del empresario detenido por narcotráfico Federico Andrés “Fred” Machado.
El requerimiento legislativo, impulsado por José Luis Berros y acompañado por Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Leandro García, busca que distintas áreas del Ejecutivo —entre ellas la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas, Ambiente, Función Pública, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas— informen sobre concesiones mineras, contratos, subsidios, beneficios fiscales y posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
Los legisladores apuntan a las empresas Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C., algunas de ellas vinculadas a Ciccarelli y Machado, con intereses en la explotación de arenas silíceas utilizadas en el fracking de Vaca Muerta.
Berros advirtió que “queremos saber si el Gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, que además es empleado estatal, y a Federico Machado, requerido por la justicia internacional por lavado y narcotráfico”. Y agregó: “No vamos a tolerar que el Estado sea cómplice de una trama de testaferros, favores y silencio institucional. Esto no es desarrollo: es captura del Estado”.
La presentación también resalta que hasta hace pocas semanas el área de Energía —que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos— estuvo a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck, quien ahora se encuentra en licencia por su candidatura a senadora nacional y fue designada en el directorio de YPF, donde percibirá un salario de 70 mil dólares mensuales.
Según una investigación publicada por La Política Online (LPO), Weretilneck habría recibido a Machado en la Gobernación en abril de 2019, y luego de esa reunión se concretaron concesiones para 13 canteras de arenas silíceas que hoy explota Ciccarelli. Confini habría emitido las resoluciones necesarias para habilitar la operación, en el marco de lo que dirigentes opositores describen como un “acuerdo político y económico” con el entorno de Javier Milei.
El legislador Martín Soria sostuvo que Ciccarelli “se queda con el 39% del negocio de las arenas silíceas utilizadas para el fracking en Vaca Muerta, cuando YPF apenas llega al 19%”, y recordó que antes de su ascenso empresario “era profesor de básquet”.
El entramado suma además vínculos con la política libertaria. Ciccarelli mantiene una relación personal y de confianza con Lorena Villaverde, diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, lo que encendió alarmas en la oposición. En tanto, Machado, detenido con prisión domiciliaria en Viedma, es señalado como financista del economista José Luis Espert, a quien habría aportado al menos 200 mil dólares para su campaña de 2019 a través de empresas investigadas por lavado y narcotráfico internacional.
Documentos judiciales de Estados Unidos confirmaron que esos fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., compañía vinculada a la trama criminal que involucró a Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, actualmente procesados por fraude, tráfico de drogas y lavado de dinero.
La legisladora Ana Marks subrayó que “este requerimiento trasciende lo electoral: se busca establecer con claridad si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales, el ambiente y la institucionalidad provincial”.
Mientras tanto, crece el escándalo que salpica a figuras de la política rionegrina y nacional, en una trama donde convergen minería, fracking, financiamiento político y presuntos vínculos con el narcotráfico.
