Un juzgado de Paz de la costa rionegrina dispuso medidas preventivas entre dos mujeres, a raíz de denuncias cruzadas por hostigamiento que involucra a sus hijas de 11 años, alumnas de una escuela primaria.
Un juzgado de Paz de una localidad de la costa rionegrina ordenó restricciones mutuas en el marco de un conflicto entre dos mujeres, tras denuncias cruzadas por situaciones vinculadas al bullying escolar que involucran a sus hijas, alumnas de una misma escuela primaria.
El caso se tramitó bajo la Ley provincial 5592, que sanciona contravenciones como la intimidación, el acoso y las amenazas. Ambas mujeres comparecieron en representación de sus hijas de 11 años, quienes —según manifestaron— atraviesan episodios reiterados de hostigamiento en el ámbito escolar.
Una de ellas denunció que su hija sufre bullying derivado de conflictos no resueltos entre adultos, y cuestionó la falta de respuestas del entorno escolar. La otra madre aseguró que su hija también es víctima de acoso y denunció haber sido agredida personalmente por la otra progenitora, tanto en la vía pública como en su domicilio.
Ante la existencia de un clima de violencia en espacios compartidos, el juzgado dispuso:
- Prohibición de contacto directo e indirecto entre ambas mujeres, incluso a través de redes sociales, aplicaciones digitales o terceras personas.
- Restricción de acercamiento recíproca de al menos 200 metros respecto de domicilios, lugares de trabajo y espacios habituales.
Asimismo, se dio intervención a las autoridades educativas de la escuela primaria con el fin de implementar medidas institucionales que garanticen una convivencia libre de violencia física, psicológica y simbólica. Entre ellas:
- Evitar cualquier tipo de discriminación.
- Establecer protocolos de intervención ante casos de acoso escolar.
- Revisar las normas de convivencia con perspectiva de género y de derechos de la niñez.
El fallo también ordena que el personal educativo reciba capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Micaela y de la protección integral de la infancia. Además, dispuso la asistencia psicológica y social para las niñas y sus progenitores, a través de equipos interdisciplinarios del sistema educativo.
Las medidas tendrán una duración inicial de 90 días, con posibilidad de extensión si persiste el riesgo o se incumplen las condiciones. La supervisión quedó a cargo de la comisaría local.
