El organismo consideró que el pedido de Aguas Rionegrinas no cumple con criterios de razonabilidad, transparencia ni protección de los usuarios de un servicio público esencial.
Viedma.- La Defensoría del Pueblo de Río Negro rechazó el aumento del 48,98% en la tarifa del servicio de agua potable y desagües cloacales solicitado por Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA), en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria.
Según indicó el organismo de control, la solicitud de la concesionaria, que argumentó la necesidad de restablecer el equilibrio económico-financiero del servicio, no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia exigidos para un servicio público esencial como el agua potable.
Desde la Defensoría señalaron que el pedido carece de una justificación técnica integral, no acredita mejoras verificables en la prestación ni el cumplimiento de inversiones previas, y tendría un impacto negativo directo sobre la economía de los usuarios.
Asimismo, el organismo recordó que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido e incorporado al ordenamiento constitucional argentino a través del bloque de constitucionalidad federal (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). En ese sentido, remarcaron que toda decisión tarifaria debe analizarse desde una perspectiva de derechos y no únicamente bajo criterios económicos.
“La protección de los usuarios debe ser prioritaria frente a consideraciones meramente financieras”, sostuvo la defensora del pueblo, Adriana Santagati, al fundamentar la postura institucional.
Entre los principales argumentos para rechazar el aumento y exhortar al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a desestimar el pedido de ARSA, la Defensoría enumeró tres puntos centrales: el fuerte impacto en el bolsillo de las familias rionegrinas, que atraviesan una situación de fragilidad económica; la falta de justificación técnica que vincule el aumento con mejoras reales en la calidad y continuidad del servicio; y la necesidad de garantizar mecanismos de protección como esquemas tarifarios graduales, tarifas sociales y la prohibición de cortes por motivos económicos.
