La Fiscalía acusó a una mujer por ocupar cargos remunerados en organismos públicos y privados mientras gozaba de licencias laborales en la Defensoría cipoleña. La causa avanzó tras una investigación que reveló el cobro simultáneo de salarios, situación que vulnera normativas vigentes.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una ex empleada del Poder Judicial de Río Negro, acusada de fraude contra la Administración Pública. Según la acusación, entre junio de 2022 y enero de 2025, la mujer se ausentó de su puesto en la Defensoría cipoleña utilizando licencias laborales, mientras desempeñaba cargos remunerados en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados.
Durante la audiencia virtual, el fiscal señaló que la imputada “se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública”, percibiendo remuneraciones simultáneas, pese a que le estaba prohibido ejercer cargos fuera del Poder Judicial.
La investigación se inició tras detectar irregularidades en la sede administrativa de la Procuración General en Viedma y se respaldó con documentación oficial de diferentes organismos, incluyendo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ANSES y sindicatos.
El Superior Tribunal de Justicia ya dispuso la cesantía de la empleada en febrero de este año. Ahora, el juez de Garantía abrió la investigación penal por cuatro meses para continuar con el proceso.
Los abogados defensores solicitaron que la audiencia fuera reservada, pedido parcialmente aceptado para proteger datos personales de la imputada. Además, plantearon la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, cuestión que será evaluada tras la opinión del Estado provincial, en calidad de víctima.
