Cuatro agentes de la Comisaría 47° fueron acusados formalmente por maltrato y amenazas contra menores en un hecho ocurrido en junio de 2024. Se dispusieron medidas cautelares para proteger a las víctimas.
El juez de Garantías imputó a cuatro agentes de la Comisaría 47° de J.J. Gómez por tortura, lesiones leves, privación ilegítima de la libertad, amenazas con armas y omisión de denunciar torturas, tras un hecho ocurrido en junio de 2024.
Este mediodía se conoció la resolución judicial en la que cuatro empleados policiales quedaron formalmente imputados por delitos cometidos contra dos adolescentes el 15 de junio de 2024 en un playón deportivo del barrio Alta Barda. Según la acusación fiscal, entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada, los agentes, que se desplazaban en un móvil policial tipo pick up, habrían identificado, privado ilegalmente de la libertad y maltratado a dos menores.
Durante el procedimiento, uno de los policías habría realizado disparos al aire para dispersar a los jóvenes, luego obligó a los adolescentes a subir al vehículo. Posteriormente, en un descampado, el mismo agente los golpeó mientras las compañeras intentaban detenerlo, y les disparó a los pies con un arma de perdigones, lesionando a uno en el muslo izquierdo. Además, les profería amenazas directas, advirtiendo incluso “¿qué pasa si te mato y te desaparezco?”.
Los menores lograron escapar y ocultarse en la zona de las sierras.
Para esta etapa, la Fiscalía cuenta con denuncias penales de las familias, entrevistas, certificados médicos, registros de cámaras Gesell, informes del Cuerpo de Investigación Forense y otras pruebas.
El juez de Garantías dictó imputaciones precisas: un policía fue acusado de torturas, lesiones leves calificadas, privación ilegal de libertad con abuso de función y amenazas con arma; dos mujeres policías como partícipes necesarias en privación ilegal de libertad y omisión de denuncia de tortura; y otro hombre como partícipe necesario de los mismos delitos que el primero.
Además, se establecieron medidas cautelares para proteger a 16 personas, entre ellas varios adolescentes, que incluyen prohibición de acercamiento y contacto a 100 metros, con vigencia hasta el 2 de noviembre de 2025.
Las defensas de los imputados se opusieron a la calificación legal y las medidas, proponiendo que los hechos se enmarquen en vejaciones, pero el juez rechazó esas objeciones.
