Un juzgado de Familia activó un proceso rápido para cobrar una deuda de $1,5 millones y dispuso medidas para identificar ingresos, cuentas bancarias y bienes del demandado.
Un juzgado de Familia de San Carlos de Bariloche ordenó avanzar con la ejecución de un convenio por deuda alimentaria y dispuso una serie de medidas para identificar bienes, cuentas bancarias e ingresos del deudor. El monto reclamado asciende a 1,5 millones de pesos, al que se sumarán intereses.
La decisión fue adoptada mediante un proceso monitorio, un mecanismo que permite acelerar este tipo de reclamos cuando existe una obligación previamente establecida. La jueza interviniente consideró cumplidos los requisitos formales y habilitó la ejecución hasta cubrir el capital, con intereses que se calcularán según las tasas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Además, se ordenó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Patagonia, donde deberán depositarse las sumas que se obtengan durante el proceso.
Búsqueda de bienes e ingresos
Para avanzar en el cobro, la Unidad Procesal de Familia dispuso el envío de oficios a distintos organismos con el objetivo de reconstruir la situación patrimonial del progenitor.
Se solicitaron informes al Registro de la Propiedad Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble para determinar si posee bienes a su nombre. También se requirió información a la Agencia de Recaudación para conocer su situación laboral o tributaria, ya sea como trabajador en relación de dependencia o inscripto en el régimen simplificado.
En paralelo, se pidió información al Banco Central de la República Argentina para identificar cuentas bancarias y a plataformas de comercio electrónico para detectar posibles actividades económicas.
Plazos y posibles medidas
El hombre cuenta con un plazo de cinco días para pagar voluntariamente la deuda o presentar las excepciones previstas por la ley. En caso de no hacerlo, el proceso continuará con medidas de ejecución que pueden alcanzar bienes o ingresos.
Este tipo de procedimientos se activa ante el incumplimiento de acuerdos alimentarios y habilita a la Justicia a desplegar herramientas concretas para garantizar su cumplimiento, incluyendo investigaciones patrimoniales y el acceso a información de organismos públicos y privados.
