La Justicia responsabilizó al Estado local por hostigamiento y desplazamiento a una trabajadora, e impuso indemnización por daño moral.
La Cámara Segunda del Trabajo condenó a la Municipalidad de Bariloche por violencia de género e institucional tras comprobarse que una trabajadora fue víctima de hostigamiento, amenazas y desplazamiento arbitrario por parte de sus superiores.
Los hechos se desarrollaron entre 2020 y 2022. La denunciante, empleada de planta con funciones de jefatura en Fiscalización, fue progresivamente despojada de sus tareas, presionada para dejar el cargo y reubicada en condiciones consideradas indignas por el tribunal.
La sentencia documenta un entorno laboral hostil, con violencia verbal, simbólica y psicológica de connotación de género. Entre las pruebas, se incorporaron mensajes con frases como: “No te hagás la ofendida. Sabés cómo es esto. Acá mandan los hombres.” Testimonios de compañeras confirmaron insultos y comentarios ofensivos hacia mujeres.
La pericia psicológica indicó que la trabajadora sufre un Trastorno por Estrés Postraumático complejo, vinculado directamente a la violencia laboral sufrida.
La Municipalidad negó los hechos, atribuyendo la reubicación a razones administrativas y alegando mal desempeño, sin aportar pruebas objetivas. Por el contrario, evaluaciones internas respaldaban positivamente su labor.
Aunque se activaron canales internos y la denuncia fue calificada como verosímil, el procedimiento fue cerrado sin sanciones, argumentando la salida del funcionario denunciado. La Justicia determinó que esta falta de intervención configuró una omisión grave, violando la Ley 26.485 y tratados internacionales.
El fallo enfatiza que el Estado debe actuar con diligencia reforzada en casos de violencia de género, incluso cuando el agresor sea funcionario político sin estabilidad. Cita jurisprudencia nacional y provincial que exige perspectiva de género y prevención de discriminación institucional.
Como resultado, se condenó a la Municipalidad al pago de una indemnización por daño moral agravado equivalente a quince sueldos brutos mensuales.
La actual gestión municipal no reabrió el proceso ni impulsó reparaciones institucionales, y la reubicación laboral de la trabajadora fue posible solo gracias a la intervención judicial.
