Una deuda millonaria pone en riesgo la reactivación de la PIAP y crece la incertidumbre entre los trabajadores

ATE denuncia tres meses de atraso en los pagos: la planta sigue paralizada y la reactivación aún no se concreta.

La reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) volvió a quedar en suspenso debido a una deuda millonaria que mantiene paralizado su funcionamiento y pone en alerta al personal. Según denunció Nicolás Ventura, delegado de ATE, el Gobierno nacional adeuda alrededor de 3.300 millones de pesos correspondientes a tres meses, una situación que genera profunda preocupación entre los trabajadores.

“La planta no está funcionando, y esto se da porque las partidas prometidas desde Nación no están llegando”, señaló Ventura. A pesar de que ya se firmaron contratos con dos empresas para la producción de agua pesada, el flujo de fondos comprometido aún no se ha hecho efectivo.

Trabajadores en el medio de una disputa política

El delegado explicó que el conflicto tiene origen en una disputa política y administrativa entre Nación y Provincia: “Hay un contrato firmado, hay un compromiso del Gobierno nacional para enviar los fondos, pero hasta ahora eso no se cumple. La puja es entre Nación y Provincia, y los trabajadores quedamos en el medio”, remarcó.

La falta de actividad en la PIAP afecta tanto al personal directamente contratado como a los proyectos de reactivación tecnológica e industrial que se esperaban retomar este año. La planta, ubicada en Arroyito (Neuquén), es la única en América Latina con capacidad para producir agua pesada, un insumo estratégico para el sector nuclear.

Asamblea clave el próximo martes

Ante este panorama de incertidumbre, el próximo martes se realizará una asamblea general de trabajadores, en la que se definirán posibles medidas de fuerza o acciones gremiales para visibilizar el reclamo. “Vamos a decidir en conjunto cómo seguir, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, anticipó Ventura.

La situación de la PIAP vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los compromisos asumidos en torno a la reactivación de sectores estratégicos y el impacto que la demora de fondos públicos tiene en el empleo y el desarrollo regional.

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