El organismo interpondrá la impugnación correspondiente para que la instancia superior revise el fallo que no hizo lugar a la acusación por asociación ilícita.
La Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén resolvió apelar ante la instancia superior, el reciente fallo dictado en la llamada causa de planes sociales, que condenó a ex funcionarios y agentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero no hizo lugar a la acusación por asociación ilícita.
El comunicado emitido por la Fiscalía argumenta que si bien el tribunal sustentó su decisión en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han perfilado un criterio restrictivo en la materia, “entendemos que en este caso se acreditaron los presupuestos del artículo 210 del Código Penal, en particular la existencia de planes plurales de carácter delictivo, que exceden una única maniobra de fraude”.
A criterio de la Fiscalía, la valoración efectuada no reflejó adecuadamente la prueba incorporada, que da cuenta de una estructura organizada y estable, con roles diferenciados que daban cuenta de la existencia de una pluralidad de planes delictivos concatenados, ejecutados mediante diversas maniobras. En este sentido detalla: la emisión de cheques y endosos simulados, la inclusión irregular de beneficiarios no habilitados, certificaciones de beneficiarios falsas, inclusión de empleados públicos como beneficiarios, y el uso y extracción de fondos con tarjetas de débito obtenidas ilícitamente de los verdaderos beneficiarios.
Además, la Fiscalía manifestó que “estas conductas no constituyen un hecho aislado o único, sino un conjunto de planes plurales, criminales y articulados, orientados de manera sistemática al desvío y apropiación de fondos públicos”.
Todo ello, sin perjuicio de que “se solicitará la aplicación del máximo de las penas previstas para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que a criterio de esta acusación corresponderían penas de cumplimiento efectivo”, indica el comunicado.
En respeto a las instituciones y a las decisiones adoptadas, “se interpondrá la impugnación correspondiente, confiando en que las instancias superiores revisarán la cuestión. Nuestro objetivo es que la respuesta judicial sea integral y proporcione la máxima tutela al patrimonio público y a la confianza ciudadana”, concluye el documento.
