La Corporación Interestadual Pulmarí advirtió sobre loteos clandestinos, construcciones prohibidas y daños ambientales en la reserva del norte neuquino. Apuntan a intereses políticos y económicos detrás de las maniobras.
La Corporación Interestadual Pulmarí, presidida por el lonco Daniel Salazar, denunció públicamente la presunta venta ilegal de tierras fiscales dentro de la reserva Pulmarí y aseguró que en estas maniobras estarían involucrados sectores políticos con intereses económicos en la zona.
La acusación generó fuerte repercusión, ya que la reserva Pulmarí es considerada una de las áreas naturales más valiosas de la provincia de Neuquén y se encuentra protegida por normativa ambiental estricta. Desde la corporación alertaron sobre la proliferación de construcciones irregulares, loteos no autorizados y graves daños ambientales en sectores de alta sensibilidad ecológica.
Salazar explicó que al asumir la presidencia, hace más de dos años, recibió el respaldo unánime de las ocho comunidades mapuches que integran la corporación, además del acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional. Ese apoyo permitió reforzar el control territorial y avanzar sobre concesiones y ocupaciones irregulares. Sin embargo, en 2023 las propias comunidades alertaron sobre intervenciones ilegales en el área de Lompehuele.
Las inspecciones posteriores confirmaron la existencia de nuevas edificaciones y subdivisiones de tierras sin autorización. “Nosotros somos titulares de la tierra, pero no en nombre propio: es tierra pública, patrimonio de todos. No se puede vender ni negociar”, afirmó Salazar.
Según detalló, se detectaron construcciones en zonas catalogadas como “zona roja” por la Ley de Bosques, donde está prohibida cualquier obra, además de intervenciones en humedales que fueron intimadas por el área de Recursos Hídricos. Para la corporación, estos hechos no son aislados y responden a una lógica de avance privado sobre tierras públicas.
Durante el último año se realizaron retiros de alambrados y clausuras de obras irregulares, medidas que derivaron en conflictos con particulares. Desde la conducción de Pulmarí sostienen que detrás de esas ocupaciones existen avales políticos que facilitaron o encubrieron las maniobras.
“Estamos defendiendo un territorio que pertenece a toda la sociedad. No vamos a permitir que se convierta en un negocio para unos pocos”, advirtió Salazar.
La denuncia busca frenar el avance de loteos ilegales y expone un nuevo foco de tensión política y ambiental en la provincia, con posibles derivaciones judiciales en los próximos meses.
