Este lunes, 800 trabajadores del ministerio de Capital Humano quedarán despedidos. Son empleados de su planta permanente, con entre quince y treinta años de experiencia en la gestión pública y que, en su mayoría, pertenecen a la Secretaría de Niñez y Familia. En febrero de este año, a estas personas con décadas de tarea en lo social y alta capacitación no las dejaron volver a entrar a sus lugares de trabajo: la ministra Sandra Pettovello les comunicó con un mail que habían sido pasados a disponibilidad, en aplicación de la Ley Bases, que habilitó al gobierno de Milei a prescindir de trabajadores del Estado, terminando con la estabilidad en el empleo público. Desde entonces, aunque a los prescindidos les indicaron “mantenerse accesibles en su horario laboral”, transcurrieron seis meses sin que los convocaran a formarse para cumplir otras funciones ni los reubicaran en nuevos puestos.
Los despidos son consecuencia de la destrucción de las políticas de asistencia que tenía el Estado argentino; también del desmantelamiento de la red de atención del ministerio, que llegaba a todas las provincias con Centros de Referencia para desplegar sus programas.
En su gestión, Pettovello desarmó las políticas del ministerio con un criterio: destruyó o debilitó las que ayudaban a que la población se organizara comunitariamente -las cooperativas de trabajo, los comedores populares, los programas de promoción de género o de salud, el desarrollo del reciclado con inclusión social, la producción local de alimentos, la urbanización de barrios populares- y mantuvo, como ejes de su política asistencial, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, programas valiosos pero de carácter individual, que se agotan en una transferencia bancaria.
El ministerio cerró sus Centros de Referencia, dejando de atender a la gente en sus zonas de residencia. Para hacer pedidos o reclamos quedó llamar a una línea telefónica -en general colapsada-. De la misma manera, se terminaron las visitas domiciliarias de las trabajadoras sociales, así como la articulación territorial de programas. Las áreas que implementaban programas de asistencia en la emergencia o ante catástrofes fueron cerradas. Por eso, si bien la Asociación de Trabajadores del Estado viene presentado recursos contra los despidos, parece muy difícil que los puedan frenar.
“La situación es muy preocupante. Hay mucha angustia, porque esta vez apuntaron contra trabajadores que habían concursado sus puestos, que tenían carreras, mucha formación y estabilidad en el empleo”, señaló a Página12 Ingrid Manfred, responsable de la Asociación de Trabajadores del Estado en Desarrollo Social.
Recordó que en febrero de este año el ministerio dejó sin trabajo a 800 contratados y al mismo tiempo pasó a disponibilidad a 800 trabajadores de planta. “La Ley Bases le habilitó al gobierno hacer esto, con el argumento de que para optimizar el recurso humano, los trabajadores podrían ser reubicados. Pero no hubo optimización sino puro despido”.
El maltrato marcó todo lo que siguió: tras impedirle entrar a sus edificios, a los trabajadores les dijeron que tenían que debían “permanecer accesibles durante su horario laboral, y concurrir a toda convocatoria que les sea cursada”. Sin embargo, nunca los llamaron. Hasta julio tampoco hubo ningún circuito establecido sobre qué camino debían seguir los que habían sido pasados a disponibilidad.
“Con ATE fuimos haciendo reclamos administrativos y jurídicos: presentamos pedidos de reconsideración, de reubicación, impulsamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados”, reseñó Manfred. Queda pendiente de ser resuelto un pedido de amparo en la Justicia. No es de descartar que pueda tener una respuesta favorable, ya que la semana anterior hubo un amparo para los trabajadores despedidos del INTA, el INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero es una mala señal que los lugares de trabajo de las antiguas áreas de Desarrollo Social hayan sido desguazados y muchas de sus oficinas directamente cerradas.
