Villa Mascardi: Segunda condena para miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu donde fue asesinado Rafael Nahuel 

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El Tribunal Federal de General Roca condenó a penas de hasta dos años y medio de prisión en suspenso a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de “usurpación con despojo” de un predio estatal, el ex hotel de Parques Nacionales, y dos privados, La Escondida y Los Radales. Es el segundo juicio que atraviesan las y los integrantes de esa Lof tras los violentos desalojos de los que fueron víctimas, sobre todo el grupo de mujeres condenadas. La sentencia del juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de Fiske Menuco, recayó sobre Betiana Colhuán Nahuel, Celeste Ardaiz Guenumil, Matías Santana, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Yessica Bonnefoi por el delito de usurpación con despojo. Las últimas tres habían sido condenadas en el juicio que finalizó en octubre del año pasado, por la usurpación de dos predios de Parques Nacionales, donde la comunidad había concretado su recuperación territorial en 2017. La Gremial de Abogados y Abogadas, quien llevó adelante la defensa de algunas acusadas, expresó que “esta causa trucha y armada contra la comunidad Winkul siempre fue un juicio político”.

Poco antes de la emisión de la sentencia, en una audiencia por Zoom, fueron pronunciadas las últimas palabras. “Decimos basta de violar nuestros derechos, que nuestras infancias puedan vivir en paz en el territorio, queremos poder existir con nuestra cosmovisión, somos la continuidad de la resistencia de mi pueblo exterminado, no me considero usurpadora, soy hija de la tierra”, dijo la machi (sanadora y autoridad espiritual) Betiana Colhuan. En septiembre de 2017 la Lof Lafken Winkul Mapu concretó la recuperación de su territorio tras el “levantamiento” de la machi, algo que no había sucedido en los últimos 50 años del lado argentino de la Cordillera de los Andes. 

En noviembre de aquel año un brutal operativo de desalojo los expulsó, las mujeres fueron golpeadas y detenidas y los efectivos policiales obligaron a Betiana a comer tierra. Esto ocurrió el 23 de noviembre de 2017, y dos días más tarde el grupo Albatros de la Prefectura ingresaba a ese territorio y fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel. En octubre de 2022, volvieron a ser desalojadas por el Comando Unificado, que rompió sus casas, lastimó a sus hijos y las encarceló. Una de ellas, Romina Rosas, estaba embarazada y dio a luz mientras estaba presa. Dos años más tarde, el juzgado federal de Bariloche, a cargo de Hugo Greca, condenó a varias de las mujeres de la comunidad, entre ellas, Isabel Huala, Jaramillo, Rosas y Bonnefoi, por la usurpación de dos predios de la Administración de Parques Nacionales en la zona de Villa Mascardi durante el 2017, tal como había solicitado el fiscal Rafael Vehils Ruiz. Estas últimas tres podrían ir a la cárcel si se confirma la segunda condena. En el medio quedó sin efecto el acuerdo que las Mesas de Diálogo habían logrado durante el anterior gobierno, sobre todo para la reconstrucción de las casas y el resguardo del rewe (altar ceremonial)

En sus últimas palabras, Colhuan Nahuel recordó a su primo “Rafita”, como le decían. “Para nosotros es muy injusto acusarnos de usurpación de un territorio que sí fue usurpado por el Estado cuando llevó a cabo una campaña genocida, ese territorio para nosotros es un espacio sagrado, por eso no voy a retroceder ni un paso, porque ese espacio es el que vio nacer a mis hijos y es el que hoy guarda la vida de Rafael Nahuel. A él lo asesinaron por la espalda por ese espacio”, dijo la machi. “Tal vez quieran encerrarnos, desalojarnos y despojarnos de nuestro territorio, pero esta historia y esta lucha no va a terminar con nosotros. A nuestros cuerpos los van a poder encarcelar, pero nuestro espíritu va a seguir siendo libre. Aunque nos tiren con gas, nos asesinen, somos parte de la naturaleza y la vamos a respetar y vamos a seguir existiendo en nuestro territorio para proteger la vida”, concluyó.

Por su parte, Santana también arremetió contra el desarrollo del juicio. “La fiscalía y los querellantes en tanto tiempo de proceso investigativo no han podido encontrar ni una prueba concreta para acusarnos. Nos volvemos a encontrar en un proceso donde se da la vulneración de nuestros derechos”, cuestionó. El joven mapuche, testigo clave en el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, expresó que el juicio es parte de una decisión política. “Nosotros tenemos que perder la libertad, dejar de lado todos nuestros derechos que deberíamos tener garantizados”, afirmó.

En tanto, Rosas recordó que “cuando fueron a allanar, cuando fueron a atropellar a nuestra comunidad, nos arrastraron, nos pegaron, nos gasearon. Los niños se tuvieron que replegar en el monte y también fueron perseguidos y les dispararon”, cuestionó, en relación al violento operativo de desalojo en Villa Mascardi en 2022.

Durante los alegatos de la defensa, en los que hablaron los cinco abogados de La Gremial. Blanca Barreiro describió que lo padecido por las mujeres en el operativo de 2022 fueron torturas. “Estas mujeres fueron golpeadas desde el primer momento en que se las detuvo, arrastradas, llevadas de los pelos, subidas a los móviles. En los móviles le seguían pegando, incluso a Romina Rosas, que estaba embarazada ya casi a término. Quedo corta si digo que son tratos crueles, inhumanos, vejaciones, porque es tortura. No tiene otro nombre”, expresó. Laura Taffetani resaltó la “irregularidad” del proceso judicial al mencionar que comenzó por el incendio de una casilla de Gendarmería instalada en un predio privado. “Nadie comprende cómo puede haber un puesto de una fuerza pública en una propiedad privada”, ironizó. Sobre el desalojó dijo: “Entraron sabiendo que había niños, y tendría que haber sido notificada la Oficina de Niñez para una mediación”. 

Por último, Eduardo Soares denunció que el juicio se basó en una “causa trucha creada por el ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en complicidad con la justicia federal y las fuerzas de seguridad”. Al cerrar su alegato dijo que “desde la instrucción venimos viendo racismo y desprecio. Y todo esto lo hicieron ustedes: la Fiscalía, Parques Nacionales y los sectores racistas y supremacistas, no hablaron de derecho, ni siquiera de su propia prueba, hablaron de ideología, no tienen nada, no tienen ninguna prueba”.

Durante el proceso declararon como testigos las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, responsables de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche; la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la ex defensora del Público, Miriam Lewin, y la abogada del Serpaj, Mariana Katz, en otros.