A pocos meses de haber sido condenados por el delito de usurpación, cinco integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu volvieron al banquillo de los acusados. Fue en un segundo juicio que inició la justicia federal por la acumulación de otras causas conexas por usurpaciones que se unificaron en un único expediente en el año 2022, cuando se produjo el violento desalojo de los predios de Parques Nacionales por parte del Comando Unificado. En este proceso que comenzó en febrero y que lleva adelante un tribunal unipersonal constituido en Fiske Menuco (Roca) a cargo del juez Alejandro Silva, están imputadas la machi (sanadora) Betiana Colhuan, Romina Rosas, Matías Santana, Jessica Bonefoi y Celeste Guenumil. En estos días, comenzaron las declaraciones testimoniales solicitadas por la defensa, a cargo de la abogada Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.
“Tras escuchar a los testigos de nuestra defensa una piensa que deberían ser todas absueltas, pero en estas situaciones la justicia suele favorecer a los grandes intereses económicos, aunque al momento de las apelaciones nos toca una sala de Casación más respetuosa de los derechos y menos sesgada”, dijo Taffetani a Página12. La mención a Casación alude a la apelación del primer juicio, que está en manos de la sala I de ese tribunal, donde la Gremial espera una ratificación de las condenas dictadas el 1 de octubre de 2024. Aquel proceso del juzgado federal de San Carlos de Bariloche condenó a penas de hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación por despojo de dos predios de la Administración de Parques Nacionales en la zona de Villa Mascardi durante el 2017, tal como había solicitado el fiscal Rafael Vehils Ruiz. Aquel año la comunidad habia concretado la recuperación territorial, y durante el desalojo del grupo Albatros de la Prefectura fue fusilado por la espalda Rafael Nahuel.
Según la Gremial, “las causas contra la Comunidad Winkul fueron divididas en dos partes para poder inflingirles a las lagmien y peñis (hermanas y hermanos) el mayor daño posible”. Eso explica los dos juicios. La causa “madre” fue la original, la del 2017, en dónde se produjo el asesinato de Rafael Nahuel. “En aquel entonces se logró la libertad de las lagmien en dos días y sobre todo la posibilidad del regreso al Rewe, el sitio sagrado”, indicaron los abogados.
Tramposo laberinto judicialEn tanto, la denominada “causa trucha” fue un “invento del gobierno anterior” porque “sabían que podían perder y entonces se habría producido la afincación definitiva de la comunidad en el sitio sagrado”. Por esa razón, sigue la Gremial, “inventaron una jugada: crearon un Comando Unificado de fuerzas federales al mejor estilo de territorios ocupados o en guerras internas”. Para los defensores, “inventaron una excusa –hechos por los cuales ninguno de los hoy juzgados resultó finalmente acusado– para unificar todos las causas abiertas y atacaron con todo, reprimiendo y encarcelando, para lograr lo que ninguna de las otras causas justificaba de por sí, es decir, el desalojo”.
La Gremial recordó que las mujeres mapuches imputadas estuvieron detenidas nueve meses con sus hijos por delitos excarcelables. Una de ellas, Romina Rosas, dio a luz en cautiverio. En este proceso costó mucho más conseguir su libertad, a tal punto que Santana permanece detenido desde hace más de un año.
En la “causa madre” el juicio se realizó dentro de un cuartel de Gendarmería donde los letrados denunciaron todo tipo de restricciones. “Todos y todas pudieron presenciar esa vergüenza de ‘debate’, el racismo de los funcionarios y la complicidad obscena del Tribunal, y la condena a dos años era cantada”, expresó el colectivo de abogades.
“Así llegamos a este juicio más trucho aún, donde se inventó que los terrenos en litigio son parcelas diferentes y por lo tanto sería otro delito y consecuentemente más penas”, alertó la agrupación. Es decir, si en el proceso que se desarrolla ahora en Fiske Menuco fueran condenados nuevamente y se unificaran las penas, irían todos y todas presos.
Juicio IILa Gremial informó sobre las “pruebas” de fiscalía y querellas en este segundo juicio: “Decenas de testigos de la acusación que no vieron nada y no pudieron identificar a nadie, altos jefes policiales que desconocieron sus firmas en las actas, y hubo testimonios de policías que parecían ser de la defensa, porque testimoniaron conductas y formas de ser de la comunidad alejadas de cualquier rasgo delictivo”.
Por el contrario, los testimonios que comenzaron a ser escuchados el pasado lunes 14 resultaron contundentes. Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó las aberraciones, arbitrariedades y excesos del procedimiento de desalojo del 4 de octubre de 2022. Detalló que la propia responsable del área de Niñez de Río Negro le negaba tanto el procedimiento como la existencia de niños en el territorio. “Dió una clase magistral de derechos de la niñez vulnerados en el caso de los niños mapuche de la Winkul y dejó en ridículo al abogado de los racistas que quedó como un ignorante cuando pretendió subestimarla en temas de seguridad”, sintetizó Taffetani.
Por su parte, Mariana Katz, abogada del Serpaj y firmante del amicus curiae en esta causa, describió como se fueron agotando todos los esfuerzos para resolver el conflicto mediante el diálogo y explicó el activo rol de Nora Cortiñas y de Pérez Esquivel para que se resolviera la cuestión fuera de la causa penal. También expuso la “miserable actitud de Parques Nacionales en cada caso”. En tanto, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, fue igual de contundente en su postura respecto de los derechos de la comunidad Winkul a esos territorios.
A su turno, Miriam Lewin, como ex Defensora del Público de la Nación, habló sobre la construcción del enemigo mapuche en los medios de comunicación que a través de su cobertura periodística promovieron un creciente racismo. Esos medios atribuyeron al pueblo Mapuche hechos y situaciones con los que no se encontraba vinculado.
Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación, puso énfasis en la buena voluntad de la comunidad Winkul. Frederic se hizo cargo de un Ministerio donde estaban los responsables de las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. La ex funcionaria “explicó con detalles porque fracasaban todos los intentos de todos nosotros (el Ministerio, la Gremial y otros tantos) cada vez que caminabamos hacia una resolución del conflicto”. Hizo particular hincapié en el “nefasto accionar de la fiscalía federal de Bariloche, boicoteando sistemáticamente todo intento de diálogo y solución pacífica”. Asimismo, Mariano Przybylski, exresponsable del área de lucha contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, también testimonió sobre la predisposición al diálogo de la comunidad y el boicot permanente de parte de la fiscalía federal.
Durante la audiencia de ayer declaró Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad en la gestión de Frederic, quien intervino en las mesas alternativas de diálogo. “Ese fue el primer intento serio a nivel nacional de querer llegar a instancias diferentes al Código Penal”, indicó la abogada. También fueron escuchados Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y el lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, Mauro Millán, quienes aportaron la visión mapuche desde el momento de la recuperación territorial en Villa Mascardi. Por último, declararon las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, a cargo de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche.
