El Gobierno tuvo otro jueves negro en el Senado con un doble revés. En medio del escándalo por las coimas en la ANDIS y con el Presidente paseando por Los Ángeles, la Cámara Alta volteó el veto a la Emergencia en Discapacidad y dejó firme la ley. Con 63 votos a favor y 7 en contra, se revirtió el primer veto presidencial de la era Milei. Los libertarios sólo contaron con dos apoyos externos: la cordobesa del PRO Carmen Rivero y Francisco Paoltroni. El resto del arco político confluyó para dar un golpe histórico: hacía 22 años que el Congreso no lograba revertir un veto del Poder Ejecutivo. Si bien el Ejecutivo debe cumplir con su promulgación desde este viernes, en la Casa Rosada ya trabajan en una estrategia para judicializar la norma. Además, el Senado dio media sanción a la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el instrumento preferido de Milei para esquivar al Congreso. La oposición cosechó 56 votos para su aprobación, 8 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa ahora se debe tratar en Diputados.
“Karina Milei, te invito a que vivas un mes como una persona con discapacidad”, lanzó la voz quebrada de una madre de un adolescente frente a los micrófonos que cubrían la movilización en la explanada del Congreso. Afuera eran cientos. Padres, madres, trabajadores que transformaban la bronca en historias que duelen: hablaban de las peripecias diarias, de la imposibilidad de sostener terapias, de la baja súbita de los 280 mil pesos que recibían como pensión. El testimonio se repetía, se multiplicaba, hasta volverse un coro. Con el correr de las horas la angustia y la incertidumbre se transformaron en alivio y festejo: el Congreso dejó firme la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Adentro, el debate fue un intento por suturar la arista más cruel de la motosierra. La oposición logró ratificar la ley con 63 votos, un número que superó con holgura los 48 necesarios para alcanzar los dos tercios. Unión por la Patria aportó 33 de sus 34 senadores —la única ausencia fue la de Antonio Rodas—. La UCR acompañó de manera unánime, incluida Carolina Losada, pese a que en la sesión anterior se había diferenciado de su bloque. Las fuerzas provinciales también respaldaron la emergencia. En contra se encolumnaron los cinco libertarios, con el acompañamiento de Carmen Rivero y Francisco Paoltroni. En julio, la emergencia había sido aprobada por 56 votos y ninguno en contra, en una sesión marcada por 17 ausencias. Ni el PRO ni los senadores de provincias que hicieron alianzas electorales con La Libertad Avanza se plegaron esta vez al Gobierno en su cruzada por complicar aún más la vida de las personas con discapacidad. Mauricio Macri, en una reunión virtual previa a la sesión, dio “libertad de acción” a los suyos.
Durante cuatro horas, treinta senadores defendieron sus posiciones. El oficialismo eligió el silencio. Sólo Carmen Rivero, del PRO, y el exlibertario Francisco Paoltroni se animaron a sostener a viva voz el acompañamiento al Gobierno. “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”, dijo la cordobesa, y acusó a la oposición de integrar un plan para desestabilizar a la Casa Rosada.
El escándalo por las coimas en la ANDIS atravesó la discusión y terminó por convencer a los indecisos. “La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven”, lanzó la senadora del PROGuadalupe Tagliaferri, en alusión a las críticas del oficialismo sobre la falta de fuentes de financiamiento. La Casa Rosada suele ampararse en la Ley de Administración financiera que exige en su artículo 38 que “toda ley no presente en el presupuesto debe especificar su financiamiento”. La paradoja mayor es que por segundo año consecutivo el presidente gobierna sin presupuesto.
Mientras el Senado debatía, el gobierno analizaba con su equipo jurídico la estrategia para judicializar la norma. Una advertencia llegó de la mano del santacruceño Antonio Carambia: “Esperemos que el señor Presidente de la Nación la aplique como corresponde y no hagan ningún artilugio legal para no darle solución a tanta gente que está necesitando en diferentes lugares de la Argentina. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”. El Ejecutivo debe cumplir con su promulgación desde este viernes. Si hay dilaciones la oposición avanzará en denunciar al presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ley que sobrevivió al veto presidencial declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisiones periódicas. Establece la actualización automática del nomenclador de prestaciones según el IPC y la recomposición de aranceles retroactiva al 1° de diciembre de 2023.
Es la primera vez en 22 años que el Congreso logra revertir un veto del Poder Ejecutivo. La última había sido durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, cuando se insistió frente a un veto parcial. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández sufrieron un revés parlamentario de esta magnitud.
Interpelación a Karina
Unión por la Patria decidió retirar del temario el pedido de interpelación a Karina Milei, impulsado por el salteño Sergio Leavy, para priorizar los consensos que permitieron dejar firme la emergencia en discapacidad, que requería dos tercios de los votos. José Mayans adelantó que el planteo a la secretaria General de la Presidencia quedará para la próxima sesión, prevista para el 18 de septiembre. “No es la hermana del Presidente, es el Presidente. El Presidente utiliza a la hermana. No sé qué deuda hay entre ellos que siempre quiere resarcirla”, disparó.
En el tramo de cuestiones de privilegio, el senador repasó el escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS y adelantó que su bancada analizará además impulsar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que promovió allanamientos a periodistas que difundieron material atribuido a Karina Milei. “La Cámara de Diputados debe acusar ante el Senado a la ministra Bullrich por este acto y por falsa denuncia, poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, sostuvo.
Un límite a los DNU
El otro golpe que recibió Javier Milei fue la media sanción a la modificación de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La oposición consiguió 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. A los cinco votos oficialistas se sumaron para respaldar al Gobierno Carmen Rivero, Paoltroni y la senadora libertaria Vilma Facunda Bedia, ausente en la primera votación. Las abstenciones fueron de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden a Rovira. Entre las ausencias destacaron varios radicales que estaban presentes en el recinto: Carolina Losada, los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y el chaqueño Víctor Zimmermann. En esta votación sí pesaron las alianzas electorales.
El proyecto que ahora debe discutirse en Diputados limita una de las herramientas favoritas del presidente: los Decretos de Necesidad y Urgencia. En la Camara Baja el gobierno podrá estirar los tiempos. La iniciativa debe girarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se ocupa de paralizar el libertario Nicolás Mayoraz.
La norma establece que cada DNU sea tratado en un plazo máximo de 90 días y dispone que con el rechazo de una sola cámara quedarán sin efecto. También prohíbe al Ejecutivo volver a dictar decretos de contenido similar durante un año y habilita a ambas cámaras a ocuparse de su tratamiento incluso en período de receso. Como si fuera a medida del gobierno el texto prohíbe los DNU omnibus como el 70/2023. La iniciativa alcanza tanto a los DNU como a los decretos delegados, como los que recientemente fueron anulados por el Congreso.
El eje argumental del debate fue el abuso del Gobierno con los decretos. Martín Lousteau defendió la modificación de la ley porque, dijo, “da un poder excesivo al Presidente”. Y ejemplificó: “Con la Ley 26.122, por ejemplo, se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático. El tema no es si hay autoridad o no, el tema es si el poder es ilimitado o excesivo”. En la misma línea, el correntino Camau Espínola afirmó que se trataba de “un acto de responsabilidad institucional y democrática frente a una distorsión de la norma que ha debilitado año a año a la Constitución”.
Para el cierre, Anabel Fernández Sagasti subrayó: “El Poder Ejecutivo de Milei, como ningún otro desde la reforma de 1994, se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho. Desde ese momento, la Argentina cayó por un tobogán de descenso institucional que parece no tener piso”. Por el oficialismo, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, replicó: “Este Senado tiene la intención de quitarle herramientas constitucionales al Presidente. Lo hacen en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves y, a diferencia de todos los anteriores, dialoga”.
