Último intento para peritar el celular de Fernando Sabag Montiel  

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Una medida crucial en el juicio por intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner se producirá este martes: será peritado, finalmente, el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, que quedó dañado el día posterior al hecho sin que se pudiera extraer la mayor parte de su contenido. Un análisis de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General y de Gendarmería estableció el año pasado que todavía existe alguna posibilidad de rescatar esa evidencia, pero dejó claro que también hay riesgo de que se pierda definitivamente. A pesar de que existe en paralelo una causa donde se investiga desde hace más de dos años qué fue lo que ocurrió con el teléfono y quién tiene responsabilidad, todavía no hay respuestas. Mientras tanto, apenas se reanudó la actividad judicial la nueva defensa de Brenda Uliarte, acusada como coautora, intentó sin suerte que se suspendan las audiencias. 

El juicio sigue

El planteo que llegó este lunes al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) a media mañana pedía frenar el juicio por 40 días hábiles. O, en su defecto, que no se produzcan pruebas por ese período y se suspenda todo “examen pericial”. En pocas horas, el juez Ignacio Fornari –el único miembro del tribunal que volvió a trabajar– rechazó todo lo requerido. Uliarte está representada desde el 8 de enero por el defensor oficial Eduardo Chittaro. Se debe a que echó al abogado particular Alejandro Cipolla, quien hasta las últimas audiencias apostó a instalar que la joven no está en condiciones mentales de afrontar el juicio. La pericia psiquiátrica y psicológica no se pudo terminar porque ella fue reticente a hablar con los especialistas. La mayoría propuso hacer una nueva entrevista. Para la querella, sin embargo, ya está claro que la mujer simula no estar en sus cabales.  

Chittaro alegó que necesitaba tiempo para estudiar la causa y ver los videos de las 20 audiencias que se hicieron hasta ahora. Fornari dijo que el juicio se reanuda el 12 de febrero y que ya habrá transcurrido un lapso suficiente. Hasta ese día, agregó, no se producirá prueba que esté relacionada con Uliarte. “No se advierte la configuración de imposibilidades al correcto ejercicio de su ministerio, ni afectaciones al derecho de defensa en juicio de su asistida”, sostuvo. Anticipó, además, que después del 19 de febrero no habrá audiencias por 21 días, por cuestiones de agenda del tribunal. Le dijo al defensor que además tiene tiempo de nombrar perito de parte. El nuevo estudio para determinar si Uliarte es “incapaz” o puede seguir en juicio será el 24 de febrero. 

El celular dañado

Está previsto que el peritaje del teléfono de Sabag Montiel empiece este martes a las 10 horas. No se sabe cuánto tiempo se puede extender. Tal vez los técnicos deban probar distintas vías para recuperar la información. Participarán los peritos Francisco Augusto Pardo y Lautaro Martin Giménez (Gendarmeria Nacional), Nicolás Sanguinetti, Leonel Parodi y José Pollola Baron (DATIP) y José Manuel Morán (querella). Este lunes sumó una perito propia la defensa de Sabag Montiel, la ingeniera Natalia Passarini García.  

El procedimiento no se hizo antes porque los abogados de la expresidenta –Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira– quisieron pedir colaboración a Israel, ya que en teoría tiene mejor tecnología. Pero ese país nunca respondió. Después que la DATIP informó que todavía había posibilidades de rescatar el contenido del teléfono con los dispositivos y software disponibles, el TOF6 resolvió no esperar más. Será el último intento: hay tantas probabilidades de éxito como de que el aparato quede inutilizado. 

Del celular de Sabag Montiel se habían obtenido fotos útiles porque lo mostraban tanto a él como a Uliarte empuñando un arma, que sería la Bersa calibre .32 que se halló en el lugar del hecho. Él la había tirado al suelo apenas después de intentar gatillar sin que la bala saliera, cuando lo agarraron militantes que estaban en las inmediaciones de la casa de la entonces vicepresidenta. Hacía once días que había movilizaciones para darle apoyo en el juicio “Vialidad”, tras el alegato-show del fiscal Diego Luciani.

Hasta ahora, sin embargo, no se recuperaron chats de Whatsapp y otras aplicaciones, algo elemental para saber si Sabag Montiel por esos días conversaba una o más personas que pudieran tener relación con el atentado. La jueza María Eugenia Capuchetti elevó el expediente a juicio diciendo que no había pistas políticas ni de financiamiento. Los mensajes que pudieron ser analizados son los de los celulares de Uliarte y del tercer acusado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar que la pareja vendía y usaba para hacer inteligencia. 

El increíble derrotero del celular 

El atentado fue a las 20.52 del 1 de septiembre de 2022. Una vez apresado, a Sabag Montiel lo subieron a un patrullero sin esposas. Él decía que era militante y lo habían golpeado. La detención se produjo más de dos horas después. Lo requisaron a la medianoche debajo de un gazebo y le sacaron lo que llevaba con él (tarjeta Sube, anillos, llaves, cadenitas, auriculares, 28 pesos en monedas, un cargador, un barbijo). A las 00.23 le secuestraron el celular, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes). Según el acta policial estaba apagado. Luego fue colocado dentro de un sobre de papel madera, y éste dentro de otro llamado Faraday, que bloquea señales. Ahí empezó la cadena de custodia. El aparato fue llevado en un móvil policial a Comodoro Py y llegó al juzgado de Capuchetti a las 2.49 de la madrugada. 

La magistrada pidió especialistas de la Policía Federal para peritar teléfono en su despacho. Concurrió el cabo Alejandro Heredia, del departamento Técnico de Cibercrimen, que llevó un dispositivo “UFED” (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite. Según él mismo relató, cuando quiso prender el celular sin enchufarlo vio que requería patrón de acceso. Luego se apagó porque no tenía batería, lo enchufó, extrajo la tarjeta SIM y la de memoria y cuando quiso descargar el contenido le aparecía la leyenda “error de extracción”. Probó “dos o tres veces” y como pasaba lo mismo, desistió. Dijo que se lo dio a un secretario del juzgado, que lo guardó en la caja fuerte. 

Hasta la noche siguiente, el aparato se supone que estuvo en el juzgado. Capuchetti decidió que debía analizarlo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), después de que le informaron que tenía tecnología más actualizada. Cerca de las 23 horas mandó a la custodia de su juzgado, la cabo de la policía Priscila Santillán, hasta Ezeiza, a la sede de la PSA. Allí esperaban a la jueza, pero llego Santillán sola con un sobre de papel madera bajo el brazo. Estaba abierto, sin planilla de cadena de custodia, y el celular encendido. La recibieron la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan, del Departamento Técnico de Criminalística. En la pantalla del celular se veía una leyenda que decía “Samsung Galaxy A50-Warning: CMDLINE Parameter”. Ante esa situación, pidieron que el juzgado decidiera si seguían adelante con el peritaje. El mensaje fue que avanzaran.Intentaron usar distintas herramientas para salir de esa leyenda y el aparato terminó reseteado de fábrica. Todo quedó lo ocurrido quedó detallado en un acta que firmó Santillán, inclusive el estado en el que había entregado el sobre. 

La causa donde se analiza qué ocurrió con el teléfono está a cargo de la jueza María Servini. En un comienzo quedaron imputados el policía Heredia, Seren y Kaplan. Esta investigación tuvo un freno el año pasado después de la declaración de Juan Martín Mena, el exviceministro de Justicia, muy cercano a la expresidenta, quien se ocupó del seguimiento de la causa del atentado y sus derivaciones desde el comienzo. Mena –hoy ministro de Justicia bonaerense– abrió una sospecha crucial sobre qué pasó mientras el celular estuvo durante todo el 2 de septiembre en el juzgado de Capuchetti. Declaró bajo juramento que el secretario de la magistrada, Federico Clerc, le dijo meses después del ataque que su jefa le había pedido en esas horas que sacara el teléfono de la caja fuerte y se lo diera a ella. Clerc, al dar testimonio, se limitó a decir que pidió sacarlo de allí cuando lo iban a mandar a la PSA, que le dijo a una empleada que abriera el sobre para verificar que estaba ahí y lo volviera a cerrar. Capuchetti tiene por el borrado del celular un pedido de juicio político en le Consejo de la Magistratura. 

 

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