Patricia Bullrich preparó un lema para su campaña para el Senado: tolerancia cero con el delito. Los planes de la ministra de Seguridad se enturbiaron con la revelación de los vínculos —ahora confesos— entre José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y Federico Andrés “Fred” Machado, cuya extradición reclaman los Estados Unidos por narcotráfico. A pesar de esto, Bullrich organizó la presentación de un proyecto de Código Penal ultrapunitivista en el penal de máxima seguridad del país y anunció que dará a conocer otra iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los trece años.
Los jueces federales recibieron una invitación directa del presidente Javier Milei para la presentación del “plan tolerancia cero”. La cita fue el jueves a las 18, en el penal de Ezeiza. Es un escenario familiar para varias figuras del partido gobernante: allí fueron, en julio del año pasado, seis diputados para reunirse y sacarse una foto de familia con Alfredo Astiz y otros represores que, por entonces, estaban presos allí.
A todos los invitados les quedó en claro que era un acto de Bullrich. Fue ella quien habló del proyecto de Código Penal, de una reforma penal juvenil y de la implementación del sistema acusatorio –que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Fue una apropiación de todos los temas que manejaba el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien no sentaron a la mesa junto a su colega de Seguridad y al Presidente.
Hubo quienes denunciaron que, con la puesta en escena, se violaba el artículo 64 quater del Código Electoral, que prohíbe lanzar planes o programas de alcance colectivo o actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio en favor de determinado candidato. En ese sentido, se expresó Graciela Ocaña en X.
La prueba más clara de que fue un acto electoral es que Cúneo Libarona quedó fuera de la foto. Él mismo conformó e integró la comisión encargada de redactar el proyecto. Inicialmente, el grupo redactor iba a estar integrado por Jorge Eduardo Buompadre (vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste), Horacio Jaime Romero Villanueva (abogado y docente de la Universidad Nacional del Salvador), los jueces Julio César Báez y Ricardo Basílico —a quien Bullrich designó al frente del comité para la formación de agentes encubiertos— y el propio Cúneo Libarona.
El ministro de Justicia después amplió la nómina e incorporó a tres mujeres. Así llegaron Mercedes Rodríguez Goyena, que se desempeña en el estudio jurídico de la familia Cúneo Libarona; María Valeria Onetto, que fue defensora de Pablo Pinamonti, responsable de las bases del “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri; y María Eugenia Capuchetti, la jueza que fue blanco de críticas por su investigación del intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, un rato antes de ir hacia Ezeiza, Capuchetti notificó a los abogados de la expresidenta que había archivado la denuncia contra Gerardo Milman y que convocaría a prestar declaración indagatoria a Jorge Abello, quien se presentó para declarar que había escuchado a Milman decir en el bar Casablanca: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
Los otros integrantes de la comisión redactora son Fernando Soto —abogado del policía Luis Chocobar, enlace de Bullrich con el Poder Judicial y quien denunció que había una red de espionaje ilegal operando contra el Gobierno por la filtración de los audios de Karina Milei— y Carlos Manfroni, jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad. Manfroni oficia de puente entre Bullrich y Victoria Villarruel. Durante la campaña, publicó en La Nación que trabajaban en alternativas para evitar que hubiera represores mayores de 70 años presos. El último miembro es Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y quien lideró durante el macrismo la comisión de reforma del Código Penal. Borinsky era habitué, por entonces, de la Quinta de Olivos.
Entre quienes fueron consultados figuran Marcelo Sancinetti, Nelson Pessoa, Mario Laporta y Daniel Pastor, quien sostiene que los crímenes de la dictadura prescribieron y critica lo que considera una deriva neopunitivista de los organismos de derechos humanos. También acercaron sus opiniones, según pudo saber este diario, la AMIA, la DAIA, las Madres del Dolor y entidades del campo.
En los tribunales federales no hay demasiadas demostraciones de interés frente al Código que presentó Bullrich en sociedad. “No leímos el proyecto porque sabemos que no va a prosperar”, dice con malicia un juez federal.
En líneas generales, el proyecto de Código Penal agrava las penas y establece que el 82 por ciento de los delitos sean de cumplimiento efectivo. Entre otras cuestiones, la propuesta oficial incluye:
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Subir las penas para el homicidio simple, que llegan hasta 30 años. En el caso del homicidio agravado, la pena es de prisión perpetua.
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Doctrina Chocobar: en caso de lesiones o muerte causadas por un miembro de una fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario en el cumplimiento de su deber o ante la presencia de un delito, aun de franco y sin uniforme, se presumirá —salvo prueba en contrario— el uso legítimo de las armas a favor de la autoridad pública, aun cuando obrara fuera de servicio y sin portar uniforme. A esto se le suma también que el proyecto establece mecanismos para penalizar los piquetes.
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Más delitos imprescriptibles: no solo los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sino también aquellos reprimidos con prisión perpetua, el homicidio simple, el homicidio agravado, distintos tipos de abusos sexuales, grooming, trata de personas, terrorismo y los atentados contra el orden constitucional —que es una figura que el Gobierno intentó usar contra manifestantes.
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Más años para injurias y calumnias: se elevan las sanciones previstas para delitos contra el honor (injurias) y se prevén nuevos agravantes cuando la difamación se produzca a través de medios anónimos, identidad simulada o inteligencia artificial. La injuria agravada tiene una pena de hasta seis años y puede extenderse hasta ocho si el agravio se produjo en una esfera altamente personal. Además, se impondrá la misma pena correspondiente al autor de las injurias al que, a sabiendas, publique o reproduzca. No es un dato menor que se agraven estos delitos, sobre todo porque el Presidente los invoca con frecuencia al denunciar periodistas, junto con Francisco Oneto, que lo patrocina. Oneto es el defensor de “Fred” Machado y era socio de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y foco del escándalo por una trama de coimas que llegaría hasta Karina Milei.
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Aumento de pena por violación de secretos: las penas por difundir información clasificada como secreta por organismos de seguridad, defensa o Cancillería se duplican y pueden llegar hasta ocho años. En caso de que haya rédito, la sanción puede extenderse hasta doce. Una abogada que interviene en causas por espionaje, sostiene que es una reacción contra aquellas causas.
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Usurpación: cualquier ocupación sin autorización pasa a ser un delito pasible de penas de hasta ocho años. Si es con violencia, la sanción escala hasta diez años. Si se tomaran más de dos terrenos, la pena es de doce años.
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“Falsas denuncias”: en línea con lo que venía declarando públicamente el ministro de Justicia en contra de las mujeres, el proyecto establece penas de hasta diez años si una “falsa denuncia” se vincula con hechos contra la integridad sexual o calificables como violencia de género. Puede agravarse si hubo restricción de contacto con menores de edad por decisión judicial.
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Restricción para acceder a la libertad condicional: al cumplir los dos tercios de la condena, ya no estarán facultados a acceder a la libertad condicional quienes hayan sido condenados a prisión perpetua, tengan sentencias por delitos graves, sean reincidentes o fuesen funcionarios públicos condenados en ejercicio de su cargo o función.
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Decomiso anticipado: se establece que no hace falta esperar a la condena penal y que los bienes decomisados deben servir para dotar a las fuerzas de seguridad.
