El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, resolvió el sobreseimiento definitivo de las 16 personas que continuaban imputadas por el delito de “intimidación pública”, tras su participación en la protesta contra la Ley Bases, llevada a cabo el pasado 12 de junio en las inmediaciones del Congreso Nacional.
La noticia fue compartida por María del Carmen Verdú, abogada y referenta de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), quien criticó a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, por haber llamado “terroristas” a estos manifestantes. “Bullrich les dijo terroristas. Trece meses después, la jueza Servini sobreseyó, aclarando que el proceso ‘en nada afectó su buen nombre y honor’. Son las últimas 16 personas que quedaban con falta de mérito después de ser detenidas el día de la sanción de la Ley Bases”, señaló en X.https://twitter.com/LaNegraVerdu/status/1944834219571601527
Consultada por Página 12, Verdú explicó que estas 16 personas no estuvieron procesadas: “15 tenían falta de mérito, uno solo había sido procesado, pero la cámara lo revocó y quedó igual que el resto”.Y completó: “Las faltas de mérito se dictaron el 18 de junio de 2024, hasta ahora estuvieron mirando videos porque el fiscal Stornelli insistía. Primero sobreseyeron los casos más obvios, como la familia que vendía empanadas y gaseosas. Y ahora, al resto“. En esta línea, lamentó el accionar que tuvieron la Justicia y las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que “se bancaron entre dos y cinco días detenidos y 13 meses teniendo que avisar si viajaban, sabiendo que tenían una causa abierta”.Hace un poco más de un año, el Senado aprobó con cambios el proyecto de Ley Bases. En las afueras del palacio legislativo se produjo una gran manifestación en contra de la iniciativa que fue brutalmente reprimida y derivó en detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.https://drive.google.com/file/d/19MzCnPCNR5wjrrnQO7tsQERSNdxdBhAr/view?usp=drive_link
Durante esa jornada, el operativo represivo terminó con 35 personas detenidas. De ese total, 11 fueron liberadas en pocas horas, otras 18 recuperaron su libertad al cabo de unos días, y 6 permanecieron detenidas durante más de una semana. Las detenciones fueron fuertemente cuestionadas por organismos de derechos humanos, legisladores y sindicatos, quienes denunciaron un intento de criminalizar la protesta. La investigación, que incluyó pericias, filmaciones y declaraciones testimoniales, no logró reunir pruebas que acreditaran la figura penal de “intimidación pública”.
