El oficialismo intentará obtener la media sanción en la primera semana de sesiones extraordinarias. Además del Presupuesto, se debatirán reformas penales vinculadas a la estabilidad fiscal y al régimen tributario.
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles desde las 14, en la que el Gobierno buscará aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con otros dos proyectos centrales de su agenda económica. Tras conseguir dictámenes de mayoría en comisión, La Libertad Avanza confía en reunir los votos necesarios para lograr la media sanción y enviar las iniciativas al Senado.
El Presupuesto es la principal apuesta del oficialismo y proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal equivalente al 1,5% del PBI. El texto mantiene los lineamientos del borrador dictaminado en noviembre e incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, la prórroga hasta 2045 de exenciones impositivas para energías renovables y deducciones sobre combustibles líquidos y gasoil.
El dictamen oficialista reunió 28 firmas, aunque con seis respaldos en disidencia. Legisladores del MID, Innovación Federal, el PRO y la UCR cuestionaron distintos artículos del proyecto, especialmente la eliminación de las leyes sociales y la falta de una solución para la deuda con la Ciudad de Buenos Aires.
Junto al Presupuesto, el temario incluye el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de entre 1 y 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para funcionarios que incrementen el gasto público sin contar con recursos acreditados.
En el caso de autoridades del Banco Central, las penas podrían llegar hasta los 10 años. La iniciativa también prohíbe solicitar adelantos transitorios al BCRA para financiar el gasto primario.
El tercer proyecto que se debatirá es la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como Presunción de Inocencia Fiscal, impulsada por el Ministerio de Economía. La propuesta eleva el piso para considerar delito de evasión tributaria de $1,5 millones a $100 millones, con el objetivo de incentivar la regularización de capitales que hoy se encuentran fuera del sistema formal.
De concretarse la aprobación, el Gobierno podría cerrar la primera semana de extraordinarias con tres medias sanciones, consolidando su ofensiva parlamentaria. No obstante, todas las iniciativas deberán aún superar el debate en el Senado, donde el escenario aparece más ajustado.
