El Senado se prepara para un arduo debate legislativo en la que estarán en juego la sanción de proyectos de gran repercusión social: el aumento de los haberes para jubilados y pensionados y la emergencia en Discapacidad, que ya lograron la media sanción de Diputados y ante la amenaza del presidente Javier Milei de vetarlas si transforman en leyes. Con un escenario adverso en la Cámara alta, la Casa Rosada vuelve a apostar a dilatar la discusión con el manejo de comisiones clave y a la presión sobre los gobernadores aliados para lograr bloquear o restarle apoyo a las iniciativas, y en la búsqueda de un objetivo central si no lo logran: conservar un tercio de legisladores colaboracionistas que vuelvan a convertirse en “los héroes” de Milei que blinden el veto presidencial.
Para el oficialismo, el panorama en el Senado es similar al que se dio en Diputados y sus pronósticos no son los mejores para el Gobierno. Por lo que el oficialismo ya comenzó el juego de la dilación. El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario riojano Martín Menem, no había girado aún las medias sanciones de los proyectos a la Cámara alta. Luego habrá que esperar que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel –en su peor momento de la relación con Milei– dé giro a las comisiones que abordarán los debates que aún no tienen fecha. En tanto, la Casa Rosada comenzará su acostumbrada presión sobre los gobernadores de todo signo político y de algunos aliados que comenzaron a tomar cierta distancia del Gobierno. Desde la oposición, y en especial Unión por la Patria, buscarán acelerar los tiempos en una carrera contrarreloj: antes que comience el receso parlamentario invernal y que el disperso cronograma electoral complique a los senadores.
JubilacionesEn temas previsionales, los senadores debatirán dos temas centrales que llegan aprobados desde la Cámara baja: el aumento para los jubilados del 7,2 por ciento (que restituye la quita que Milei podó con su motosierra a los haberes sobre la inflación de diciembre de 2023), más la actualización del bono para quienes perciben la jubilación mínima (que la administración libertaria congeló en 70 mil pesos desde su llegada a la Casa Rosada) y que pasaría a 110.000 pesos. Además de la restitución de la moratoria previsional, que el Gobierno ultraderechista también se negó a extender y que para sorpresa de muchos logró sortear todos los obstáculos en la Cámara baja.
Allí, el Gobierno cuenta a favor con dos comisiones que serán centrales en el debate: la de Trabajo y Previsión Social, que preside la aliada macrista cordobesa Carmen Alvarez Rivero; y la de Presupuesto y Hacienda en manos del jefe del bloque de La Libertad Avanza, el puntano Ezequiel Atauche. Ellos son los que manejarán los tiempos de la discusión.
Tampoco escapa al oficialismo el poroteo previo. El interbloque de UxP tiene 34 senadores propios dispuestos a aprobar los proyectos que llegaron desde la Cámara baja y están a tan solo cuatro de conseguir quórum y la mayoría para dirimir a favor cualquier proyecto en el recinto. Por lo que concentrará la presión sobre los senadores que pueden aportar ese puñado de votos necesarios. Las miradas están puestas entonces sobre el bloque de la UCR, los macristas descontentos con los libertarios y de quienes responden a algunos oficialismos provinciales.
Pero gran parte del esfuerzo de la Casa Rosada para evitar otra derrota legislativa que obligue a Milei a pagar el costo político del veto que ya prometió estará dirigido hacia los gobernadores. El Gobierno tiene planeado convocar a los mandatarios provinciales a una reunión en los próximos días, en respuesta al reclamo de reforma fiscal que se elevó en la última reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que aglutina a todos. Si bien los gobernadores pidieron que el encuentro sea con Milei, que está de gira por Europa, serían recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí, el Gobierno ensayaría un intento de negociación que incluya la agenda legislativa.
DiscapacidadLa Emergencia en Discapacidad aprobada por la Cámara baja también deberá atravesar en el Senado toda la estrategia diseñada por el Gobierno para paralizarla. Pero este punto se vuelve mucho más complejo para el oficialismo.
Al día siguiente que la Cámara baja aprobó avanzada la noche la emergencia, la senadora Lucía Corpacci (UxP) convocó a la Comisión de Salud que preside para arrancar el debate con especialistas invitados, a pesar de que la media sanción aún no había llegado al Senado. Corpacci también ratificó una nueva convocatoria para el próximo martes, para arrancar se llevó la discusión ya con el proyecto girado a la Cámara alta. Una muestra de apurar su tratamiento, al que el mismo deberá ser abordado por la comisión de Presupuesto que dirigen los libertarios.
El proyecto que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, para garantizar prestaciones, aranceles y derechos para las personas con discapacidad, protegiendo su acceso a servicios de salud, educación, trabajo y protección social, además de la actualización automática de las pensiones no contributivas y la compensación arancelaria para asegurar el financiamiento adecuado y sostenible de estas prestaciones fue aprobada con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Lo que representa dos tercios de los diputados presentes en el recinto: una señal de alarma para la Casa Rosada en su intento de conseguir los votos que le permitan blindar el posible veto presidencial.
