“Se resolverá a la brevedad”. Con estas palabras, el Tribunal Oral a cargo de la causa Cuadernos le dijo a 42 imputados, casi todos empresarios, que decidirá si acepta la propuesta económica para extinguir la acción penal. O sea, los ricos zafarían pagando. Los defensores de los empresarios le contestaron a la fiscal Fabiana León y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que la semana pasada insistieron en que todos deben ir a juicio. Los letrados argumentaron que la reparación está prevista en la ley y, al mismo tiempo, sostuvieron que el proceso va a tardar 10 años, que se trata de una forma de economía procesal porque hacer un juicio con más de 100 acusados es casi imposible. En la polémica intervino Cristina Fernández de Kirchner que retwiteó un posteo que decía que “si el tribunal valida esto es un nuevo escándalo y esperemos no enterarnos de que hubo otros pagos que no constan en ningún acta”. O sea, una sugerencia de que podría haber una coima para que los acusados de poder económico eludan el juicio que se viene. Todo recaerá en la Cámara de Casación.
Plata a cambio de sobreseimientos
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli –éste último designado ilegalmente por Mauricio Macri– encabezaron la audiencia que, como todas en esta causa, se hizo de manera remota: no hay sala en Comodoro Py ni en ningún edificio judicial para que entren unos 250 abogados (dos por cada imputado); más los propios imputados; más los equipos de la fiscalía, la UIF y los jueces. Por lo tanto, desde sus estudios, los defensores fueron exponiendo uno por uno, respondiéndole a la fiscal León y a los funcionarios de la UIF que se oponen al cambio de dinero por sobreseimientos.
El rumor extendido en Comodoro Py es que el aparato judicial alineado con el establishment empresario-macrista-mileista le terminará dando el visto bueno a salvar a los hombres de negocios, ya sea con un fallo del tribunal o de la Casación. El objetivo es apuntar a los exfuncionarios del gobierno de Cristina y particularmente a la expresidenta. O sea, zafarían los 77 empresarios –incluso algunos que no pidieron la conciliación porque quieren probar su inocencia y las gravísimas irregularidades de la causa– y unos pocos funcionarios que optaron por la alternativa de entregar bienes.
Los empresarios en cuestión son nombres grossos, incluyendo a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri; Enrique Pescamona, o Aldo Roggio y otros menos conocidos, pero que tuvieron mayor participación como el cambista Ernesto Clarens. Casi todos ofrecen lo que ya les tienen embargado y sólo en dos casos –Calcaterra y Roggio– ofrecen bienes que superan el millón de dólares. Los abogados señalaron que la postura de la fiscal León, en contra de un acuerdo de reparación, no es vinculante, que el artículo 22 del Código Procesal prevé que “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. En la interpretación de los abogados y de los empresarios, ese artículo y el 34, que hace referencia a la conciliación, son aplicables al caso.
La opinión de Cristina
Desde San José 1111, Cristina retwiteó un posteo del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, uno de sus alfiles en materia judicial. “Los empresarios procesados buscan pagar para evitar el juicio oral. Pero ese instituto fue concebido como una herramienta para favorecer la paz social, no para convertirse en un atajo de impunidad”, señaló Mena. El funcionario explica que, por ejemplo, si una persona le roba un televisor a otra, por ahí la víctima piensa que no le interesa que el ladrón vaya a la cárcel, sino que prefiere que le devuelvan el televisor o el equivalen en dinero. A eso se refiere con “favorecer la paz social”.
Mena aclara que “esto pasa porque esta causa persiguió desde su inicio un interés alejado del de impartir justicia. Querían perseguir y para eso usaron a los empresarios, los metieron presos, los apretaron, algunos incluso, dicen por lo bajo que los torturaron para que digan cualquier cosa y ahora les sacan plata. Si el tribunal valida eso es un nuevo escándalo. Evidentemente algún guiño recibieron los empresarios para encarar esta aventura”. El final del tweet, respaldado por Cristina, es durísimo: “lo venimos diciendo, lo más grave que le pasó a la justicia desde Mauricio Macri a esta parte es que, además del derecho, perdieron todo escrúpulo y sentido común”
Mena sugiere que ya hay un arreglo y la existencia de coimas para que la llamada conciliación se concrete.
Camino a la Casación
Decidan lo que decidan los jueces del Tribunal Oral, la cuestión llegará a la Cámara de Casación, en una sala integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Una duda planteada es si el juicio, previsto para que arranque el 6 de noviembre, puede empezar sin que se haya resuelto si más de 70 empresarios son juzgados o acceden a los sobreseimientos a cambio de dinero. El total de imputados ronda los 120, por lo que es sustancial lo que se resuelva sobre los empresarios.
Todo el debate pinta como descomunal. Con semejante número de acusados, la cantidad de intervenciones de los defensores, testigos, pruebas y pericias pinta como infinita. Para colmo se polemizará sobre un juez, el fallecido Claudio Bonadío, que era manifiestamente incompetente y que se apropió del expediente de manera irregular. También la grosera intervención del fiscal Carlos Stornelli, acusado por varios imputados de haber sido el eje de una especie de extorsión, metiendo presos a los empresarios y exigiéndoles que declaren contra CFK. Los mismos cuadernos están en debate porque Oscar Centeno, el que los redactó, primero dijo que los quemó en una parrilla y después aparecieron resucitados del fuego. Para colmo, las pericias demostraron que hay más de 1.400 tachaduras, usos de líquido corrector y otras alteraciones, en algunos casos sustanciales, en los 7 cuadernos que aparecieron.
Como se ve, nada será sencillo. Se debatirá sobre las irregularidades, sobre coimas, sobre si hubo aportes a campañas electorales y si alguno de los funcionarios se enriqueció. En los alegatos de este martes, impactó el defensor que predijo que el juicio terminará en 2035, cuando ya su defendido sea un hombre de muy avanzada edad. Todo es difícil de imaginar.
