Economía aprobó la precalificación de siete consorcios para la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—. Este viernes se conocerán las ofertas económicas. El Gobierno proyecta recaudar unos u$s500 millones.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, consideradas claves para la generación de energía en el país.
Este jueves, el Ministerio de Economía oficializó la precalificación de siete empresas y consorcios, que avanzarán a la siguiente etapa de la licitación.
Las ofertas económicas se conocerán este viernes desde las 10, a través del sistema CONTRAT.AR.
Entre las empresas habilitadas se encuentran cuatro operadores actuales: Enel, AES Argentina, Central Puerto —que competirá junto a Central Costanera— y Orazul. A ellas se suman los grupos liderados por Edison, Aluar–Genneia y Pampa Energía, tres nuevos jugadores que buscan ingresar al esquema de operación hidroeléctrica.
La licitación contempla la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades que hoy administran las represas Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados–Planicie Banderita, que en conjunto aportan cerca del 15% de la generación eléctrica del país. Las empresas adjudicatarias obtendrán concesiones por 30 años.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que la convocatoria representa un paso decisivo hacia un “modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada”, en línea con el programa de privatizaciones llevado adelante por la administración de Javier Milei.
El Gobierno estima una recaudación de unos u$s500 millones, en un proceso que además propone un nuevo esquema mixto: más presencia privada, control estatal reforzado y participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, que podrían quedarse con hasta un 10% del capital accionario.
Los futuros concesionarios, por su parte, deberán pagar un canon por el uso del agua y destinar parte de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
