Por unanimidad, con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad, un proyecto largamente esperado por las organizaciones del colectivo. El nivel de consenso alrededor de la iniciativa fue similar al que había obtenido hace un mes en la Cámara de Diputados, donde superó cómodamente los dos tercios. Las familias, las ONG y los profesionales del sector acompañaron la sesión desde la calle para visibilizar –como tantas otras veces desde la llegada de Javier Milei a la Rosada– la crisis que atraviesan. La norma, entre otros puntos, establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace siete meses; y corrige las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a las pensiones por invalidez. Todo con un costo fiscal de entre el 0,2 y el 0,4 por ciento del PBI, según estableció la propia Oficina del Presupuesto del Congreso. Aún así, el Presidente ya avisó que la vetará, como hará con todo el paquete aprobado este jueves en la Cámara alta.
“Esta ley es como un salvavidas para nosotros. Es la única esperanza que tenemos hoy por hoy para que las instituciones que acompañamos a las personas con discapacidad, sobre todo a las que no tienen recursos, no terminemos cerrando la persiana. Así como están las cosas, no tenemos mucho tiempo más para seguir funcionando”, le dijo a Página/12 Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis). “El ajuste fiscal no puede sostenerse a partir del padecimiento de las personas, tiene que haber sensibilidad. Hay que ponerse en el lugar de las familias que están en una situación de desamparo”, acotó respecto del probable veto presidencial a la norma.
La ley que aprobó este jueves el Senado aborda dos problemas urgentes que atraviesa el colectivo de la discapacidad, uno de los más agredidos por el plan motosierra:
*El ajuste sobre los prestadores. Se trata de un universo de más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos, que asisten a unas 250 mil personas por obra social y del sistema público. Son profesionales, enfermeros, médicos, acompañantes terapéuticos, y escolares, transportistas y especialistas en rehabilitación: todos ellos tienen sus ingresos congelados desde diciembre, cuando recibieron un último aumento miserable, del 0,4 por ciento. Tienen un retraso respecto de la inflación de casi 70 puntos. Las instituciones no tienen de dónde sacar los recursos para pagarles: la ANDIS, el organismo que regula las políticas públicas para el sector, no convoca a la reunión de directorio para actualizar el valor de la hora de servicio. Una maestra de apoyo, por ejemplo, está cobrando 3200 pesos la hora. Como el Gobierno no actualiza ese “nomenclador”, el proyecto lo obliga a hacerlo todos los meses de acuerdo al IPC de inflación. Y también establece un bono compensatorio por los meses de retraso.
*El ajuste sobre las pensiones. Tal como reveló Página/12, el Gobierno planea recortar, a través de una auditoría en curso, unas 400 mil pensiones por invalidez. Casi un tercio del total. El resultado de la auditoría estará para fin de año, pero mientras tanto, la ANDIS se ocupó de endurecer los requisitos para futuros beneficiarios. A través de la misma resolución que contenía insultos como “idiota” para referirse al colectivo, estableció que para acceder a la pensión hay que acreditar una “invalidez laboral total”, del 66 por ciento. Además, la volvió incompatible con tener un trabajo formal. Eso deja afuera a un amplio universo de personas. En la Argentina, el 12% de la población tiene alguna discapacidad según relevamiento del Indec en el 2018, tiene algún tipo de discapacidad, pero el número que entraría en ese nuevo “baremo” sería mínimo en comparación. La ley revierte ese retroceso: se podrá acceder sólo con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas”, lo que supone “un refuerzo fiscal equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”. El proyecto propone que esos fondos salgan de la reasignación de partidas.
Voces frente al Congreso
“Se trata de un paso clave para atender una crisis estructural que atraviesa al sistema de atención a personas con discapacidad”, festejaron la sanción desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las organizaciones que movilizó al Congreso en apoyo de la ley. La marcha se convocó bajo la consigna “¡Todos unidos por la Emergencia en Discapacidad!”, y se replicó con movilizaciones en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Neuquén y Tucumán.
“Es un paso más en una lucha que empezamos hace mucho tiempo”, celebró por su parte Eduardo Maidana, director de Aiepesa, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. “Hace varias décadas, las personas con discapacidad estaban escondidas en el fondo, ignoradas. Eso se logró romper y pudimos avanzar hacia la inclusión. Pero ahora nos quieren hacer retroceder. Esperemos que podamos, en cambio, seguir avanzando. Todavía hay mucho para hacer”, concluyó.
“Celebramos este resultado que fue fruto de la movilización de las personas con discapacidad y el acompañamiento de la sociedad. Como con toda conquista, nos mantenemos alertas ante la amenaza del ejecutivo de vetar esta ley. de cumplirse, exigimos a nuestros representantes en la Cámara de Diputados, que defiendan a las personas con discapacidad, sus allegados y a quienes posibilitan nuestra autonomía, cuidados, derecho a la educación, al trabajo, entre otros, y prestadores que garantizan estos aspectos de nuestra vida con sus servicios. El progreso de un país no puede dejar de lado en nada sobre nosotres sin nosotres”, dijeron, por su parte, desde REDI.
