Cuando buscaba estrategias para evitar la participación de organizaciones sociales en el reparto de alimentos para comedores populares, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello habilitó un mecanismo no habitual de licitación de productos junto con el prestigioso Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –que coopera con Argentina hace más de dos décadas– y autorizó el desembolso de 14.000 millones de pesos para adquirir leche, arroz y fideos. Un dictamen del fiscal federal Franco Picardi en una causa donde se investiga la trazabilidad y el uso de esos fondos, advierte que la funcionaria nunca explicó qué destino se le dio a 8.308 millones de pesos, es decir, más de la mitad del total. En el expediente, su cartera se limitó a señalar que ese monto había sido “reasignado” para cubrir un supuesto incremento en las “prestaciones alimentarias” sin dar absolutamente ninguna precisión.
El origen de esta causa penal fue una nota publicada por Página/12, que señalaba manejos llamativos. Por empezar, Pettovello había cambiado la modalidad de intervención del PNUD, que habitualmente facilitaba el financiamiento y la distribución de fondos hacia las organizaciones comunitarias (que luego hacían su rendición) para que garantizaran prestaciones alimentarias de calidad. En este caso se trata del programa “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El mecanismo que pasó a implementar implicaba que las compras se harían en sociedad con el PNUD, licitación mediante. En junio del año pasado, al momento de la publicación de este diario, la licitación estaba a mitad de camino. Pero la ministra había desembolsado los 14.000 millones, y lo había hecho solo con su firma, otro punto dudoso porque al superar los 2.700 millones se requería también la del jefe de gabinete. El abogado Leonardo Martínez Herrero hizo una denuncia penal.
Las compras
En el expediente, Capital Humano buscó mostrar que al final la licitación avanzó. La convocatoria original la había hecho el exSecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De La Torre, quien tuvo que dejar el cargo cuando se supo que en dos galpones que dependían de su área había más de 5.000 toneladas de alimentos guardados, algunos vencidos y otros a punto de pudrirse. Era, en rigor, la foto de la política implementada por el gobierno desde sus inicios: cortar la entrega de comida a los comedores vinculados a organizaciones sociales, para demonizarlas.
El ministerio a cargo de Pettovello precisó que se habían licitado y adquirido productos: 1.000.000 de paquetes de leche en polvo fortificada (de 1 kilo cada uno), 1.000.000 de paquetes de arroz blanco o pulido grano fino calidad 0000 (también de un kilo), y 1.000.000 de paquetes de fideos secos de sémola (de medio kilo). Las empresas adjudicatarias fueron Alimentos Vida S.A., Mafralac Alimenticia S.R.L., Valquiria S.A. e Inversiones para el Agro S.A. Según la información aportada por la cartera habían presentado ofertas admisibles y competitivas. Pero en medio del proceso licitatorio, la firma Inversiones para el Agro S.A. desistió de su parte. Capital Humano dijo que el “remanente” de 8.308.997.000 pesos no ejecutado había sido reasignado por resolución “con el fin de incrementar en un 40% el valor unitario de las raciones y módulos alimentarios, reforzando así la cobertura social del programa”.
El juez federal Ariel Lijo dio por buenas las explicaciones de Pettovello y su equipo en cuanto que la leche, el arroz y los fideos fueron entregados y distribuidos en distintas jurisdicciones, de acuerdo a actas, remitos, órdenes de compra y registros logísticos. También consideró los pliegos de bases y condiciones de la licitación, las resoluciones de adjudicación y un informe de ejecución presupuestaria. Con eso decidió archivar la causa el mes pasado. Agregó que la comisión de un 3 por ciento en gastos de gestión estaba prevista en el programa y que la contratación en cuestión estaba sujeta a un régimen especial por tratarse de “una operación comprendida en un convenio internacional celebrado con una entidad de derecho público internacional”.
Pero el fiscal Picardi hizo notar que no había ninguna explicación en el expediente sobre el destino concreto de los más de 8.300 millones “remanentes”. “No se incorporó al caso copia del expediente administrativo correspondiente a dicha reasignación, ni se aportaron actos administrativos, informes técnicos, constancias de compra, entrega o distribución que permitan verificar el efectivo destino de esos fondos”, sostuvo al pedirle que revise su decisión. “Por lo tanto –advirtió– esa ausencia de documentación impide reconstruir el circuito financiero completo de los fondos públicos involucrados y verificar si se ajustaron a los fines establecidos en el programa”. “Se desconoce la trazabilidad de los más de ocho mil millones de pesos restantes que habrían sido remitidos a la Subsecretaría de Políticas Sociales para su reasignación a las prestaciones alimentarias brindadas por los espacios comunitarios”, enfatizó.
Según Picardi se trata de un “eje central que aún requiere esclarecimiento, en tanto resulta indispensable verificar si esos fondos públicos fueron transferidos y efectivamente aplicados a los fines mencionados por la cartera ministerial y, de este modo, descartar que se hayan producido desvíos, irregularidades y/o usos incompatibles con el interés público que puedan revestir relevancia penal”. Para eso planteó que había que pedir a Capital Humano que envíe la documentación sobre el destino de esos fondos y que detalle “cómo fueron ejecutados” “dentro del programa de prestaciones alimentarias incluyendo los actos administrativos, resoluciones, órdenes de pago, convenios, informes técnicos y demás constancias que documenten la aplicación efectiva de los fondos”. El cierre de la causa, dijo, le parece “prematuro” y “cumple la función de paralizar la acción penal”.
Lijo rechazó el planteo y ahora intervendrá la Cámara Federal para decidir si la investigación debe continuar o es un asunto cerrado. El fiscal sostuvo también que no quedaba del todo clara “la legalidad del procedimiento por el cual” Pettovello había dispuesto la transferencia de los 14.000 millones sin la intervención del jefe de gabinete más allá de las particularidades por tratarse de un convenio internacional.
Una indagatoria en veremos
La primera denuncia contra Pettovello por cortar la entrega de alimentos a comedores y merenderos de los barrios populares fue presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Más de 40.000 comedores habían dejado de recibir productos. La excusa era que existían auditorías que mostraban irregularidades en el reparto y que había comedores fantasma. El objetivo era atacar a los movimientos sociales, amedrentar y paralizar las protestas. Los resultados de esas supuestas investigaciones internas nunca se vieron ni tampoco que hubiera comedores inexistentes que recibieran alimento. Es más, en medio de la causa a cargo del juez Sebastián Casanello se constató la acumulación de comida sin repartir a punto de caducar, en galpones de Villa Martelli y Tucumán. Decenas de comedores se presentaron también en el fuero contencioso administrativo, donde hubo una sentencia que condenó al Estado por incumplir con la garantía del derecho a la alimentación.
Pese a todo, Pettovello volvió a pedirle a Casanello su sobreseimiento, ante lo cual el dirigente Juan Grabois, que representa a los comedores, reclamó la indagatoria de la funcionaria por incumplir la asistencia alimentaria, abuso de autoridad y violación de sus deberes. La presentación recuerda que ya intervinieron 12 jueces en el tema y siempre le dieron la razón a los querellantes. También se hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
