El fotógrafo Pablo Grillo lleva seis meses rodeado de médicos y especialistas de todo tipo, familiares, amigos, colegas, que lo acompañan en su pelea por recuperarse del disparo que recibió en la cabeza cuando intentaba tomar imágenes en dirección a un pelotón de gendarmes que atacaban la pacífica movilización de los jubilados. Ese día la protesta tenía la particularidad de estar acompañada por hinchas de clubes de fútbol a quienes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se ocupó de demonizar con mentiras. No eran barrabravas. No había ningún manifestante armado en las inmediaciones del Congreso. Pablo tuvo que volver unos días a la terapia intensiva, donde había estado más de ochenta, y ahora retomó la rehabilitación. No puede hacer lo que le gusta, no puede ir a trabajar, no fue a votar. Una granada de gas lacrimógeno le destrozó el cráneo. Le pusieron hace poco una prótesis, pero la reacción de su cuerpo es más lenta de lo que se esperaba. Le cuesta articular palabras, se maneja con gestos. Este miércoles, finalmente, será indagado el cabo Héctor Guerrero, acusado de ejecutar el tiro, por fuera de todos los protocolos, que lo dejó al borde de la muerte. Habrá una protesta en Comodoro Py, donde debe presentarse.
Un día antes, el martes 17 será indagado un integrante de la Prefectura Naval: el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la Agrupación Guardacostas, identificado como quien, con diferencia de solo tres minutos y del otro lado de la plaza Congreso en la tarde del 12 de marzo, le disparó al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien quedó ciego del ojo izquierdo. Había ido a la movilización motivado por la convocatoria de los clubes pero porque, según contó, estaba cansado de ver en televisión todos los miércoles a los agentes pegándoles y tirando gases a los jubilados/as. Sintió que tenía que hacer algo. Había más de 400 efectivos distintas fuerza de seguridad desplegados por toda la zona con una evidente indicación generalizada de ir a la ofensiva, de la que la investigación judicial todavía no se ocupó. Había una orden de servicio, que habitualmente confecciona la Policía Federal, que además de su habitual número, en este caso el 659, estaba identificada –con todo cinismo– con la conocida frase de Diego Maradona: “Hay que se muy cagón para no defender a los jubilados”.
El cabo Guerrero y el oficial Martínez fueron identificados por reconstrucciones que hizo el colectivo que agrupa a distintas organizaciones llamado Mapa de la Policía. Ellos juntan imágenes de fotoperiodistas, de gente que pudo haber participado de las marchas, de lugares cercanos que tengan cámaras y las aporten, más los videos que sean accesibles recopilados en la causa judicial. Así y con la intervención de peritos, pudieron determinar que Pablo recibió el disparo a las 17.18 y Jonathan a las 17.21. En el primer caso fue a más de 50 metros de distancia. La granada de gas lacrimógeno debió ir a una altísima velocidad para provocarle semejante herida. En el caso del hincha, fue a unos cinco metros o menos, y el contenido era de gas pimienta. Ambos tiraron al cuerpo, a zonas vitales, algo que está prohibido por los manuales que entregaron las propias fuerzas y por las reglas internacionales, como las de Naciones Unidas.
La jueza María Servini tuvo que aceptar incorporar estas reconstrucciones y análisis periciales, mientras en la causa todo transcurría con cierta parsimonia. La Gendarmería hizo una actuación interna solo para eximir de responsabilidad administrativa a Guerrero, sin investigar nada seriamente, y decir que la culpa fue de Grillo, que se ubicó en la línea de tiro. La indagatoria, que estaba prevista para comienzos de septiembre, se postergó porque la magistrada aguardaba el resultado de una reconstrucción que hizo la Policía de la Ciudad, que confirmó que el cabo de la gendarmería disparó en forma horizontal, que no fue ni hacia arriba en 45 grados ni hacia abajo en 30 a 45 grados, que es lo que prevén los manuales. Respecto del Prefecto Martínez no surge del expediente que haya existido un sumario interno.
“Una bala que nos tiraron a todos”
“Yo quiero justicia. Pero porque esto no es solo el drama de Pablo sino de todo pueblo. Esta bala nos la tiraron a todos. Es una bala disciplinadora”, dice Fabián Grillo, padre del fotógrafo. “Pasaron seis meses y, aunque no le doy mucha bolilla a las cronologías, tantas actividades especiales y de mucho apoyo me hicieron sentir que es un hito”, dice. El miércoles último, Fabián se unió a la marcha que tuvo una convocatoria especial de la Asociación de Reporteros Gráficos, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Periodistas Argentinas, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Comisión Provincial por la Memoria y la Carrera de Ciencias de al Comunicación de la UBA. Volvió conmovido no sólo por el apoyo de los colegas de su hijo sino también por el de los jubilados. Cuenta que está en contacto permanente con diputados/as y senadores/as y ahora tiene expectativa con el pedido del diputado Esteban Paulón para que en la Cámara sea interpelada Bullrich.
La abogada Agustina Lloret, del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia de Grillo junto con la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), remarca en la antesala de la indagatoria a Guerrero: “De su legajo surge que tenía formación en el uso de armas y principio de uso de la fuerza, con lo cual sabía lo que hacía. La prueba demuestra que disparó de la manera más peligrosa posible, horizontal y hacia una persona, como quedó claro en la reconstrucción balística, y lo hizo de manera deliberada”. “En la protesta del 12 de marzo hay imágenes que lo muestran disparando de distintas formas, en parábola hacia arriba, por ejemplo (que es algo reglamentario), pero cuando apuntó a Pablo decidió hacerlo en forma horizontal”, explicó Lloret. Como muestran las imágenes, no es que el gendarme estaba recibiendo una agresión de la que intentó defenderse. Le tiró a Pablo, que estaba sacando fotos. “No fue fortuito ni negligente, fue deliberado. Incluso hay material que muestra a Guerrero disparando de esta forma más de una vez”, insiste Lloret.
El CELS hizo varias presentaciones para pedir, además, que se avance sobre las cadenas de mando. “Hay un video de cinco minutos antes del disparo a Grillo donde Guerrero está acompañado por otro gendarme, uno de los jefes del grupo, que tenía una cámara en el casco. Se para a su lado, le señala dónde disparar y una vez que lo hace le da una palmada (en gesto de felicitación)”, cuenta la especialista. La pregunta es quiénes eran los responsables, en paralelo, del control y la supervisión de lo que hacía Guerrero en ese momento, y que pasaba en la sala de operaciones, en el lugar desde donde se impartían las directivas bajo el mando de Bullrich.
El abogado Pablo Zapulla, que representa a Navarro en su querella, recuerda que en la marcha del 12 de marzo hubo 114 detenidos (en todo el 2024 los detenidos en protestas habían sido 93, según la CPM). “Fue la cifra más alta desde el 19 y 20 de diciembre de 2001 y muestra que cuando los altos mandos deciden reprimir, las fuerzas de seguridad actúan con violencia desmedida. No hay proporcionalidad posible entre la protesta social y la brutalidad ejercida. Las balas no mejoraron la vida de los jubilados ni redujeron la pobreza”, señala Zapulla. “Hoy la Justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente político y judicial. No alcanza con responsabilizar a los autores materiales: la simultaneidad de los disparos contra Grillo y Navarro revela que se trató de un operativo coordinado que obedeció a órdenes superiores. Si la investigación no avanza sobre la cadena de mando y los funcionarios políticos que diseñaron y encubrieron esa represión, la impunidad se repetirá. Pero si lo hace, puede contribuir a la reconstrucción de los lazos sociales de nuestra patria”, agrega.
Beatriz Blanco y más víctimas
La filmación de la jubilada Beatriz Blanco en el momento que cae al suelo por bastonazo de un agente de la Policía Federal se viralizó aquel mismo día. La mujer fue hospitalizada con la cabeza ensangrentada y fue dada de alta cuando estaba fuera de peligro. Como después de caer al piso, además, la gasearon, quedó con un ojo visiblemente afectado. Sin embargo, al día de hoy, el agente todavía no fue identificado. “Bullrich tendría que haber hecho un sumario administrativo y en ese marco determinar preliminarmente las responsabilidades pero no lo hizo. La jueza Servini compartimentó la causa para que nos cueste ver el panorama completo. Nosotros no tenemos acceso a la parte que se refiere a Pablo Grillo ni sus abogados ven la de Blanco, y lo mismo con el muchacho que perdió un ojo”, advierte el abogado de Beatriz, Adrián Albor.
Según los datos de la CPM, aquella movilización fue la que tuvo el despliegue represivo más grande de los que monitorearon hasta ahora, con un total de 672 personas heridas. Las y los periodistas son blanco predilecto. Entre los detenidos, también hubo dos chicos de 12 y 14 años, que habían salido de la escuela y por los cortes de calle buscaban cómo poder volverá su casa. Terminaron con las manos con precintos, tratados como criminales. El récord de 114 personas detenidas quedó a cargo de la jueza porteña Karina Andrade, que ante la falta de explicación y actas que justificaran esa medida decidió liberar a todos. Esto le valió el ataque del Gobierno, con una insólita denuncia penal y otra disciplinaria. Como era obvio, fue sobreseída. Ella promovió una denuncia ante la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, por la denuncias y hostigamientos personales contra jueces. Nueve titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos enviaron una carta al Estado Argentino para que de explicaciones. La respuesta fue un pedido de prórroga.
La protesta de jubilados y jubiladas del 12 de marzo fue paradigmática por las heridas que dejó, la magnitud y el salvajismo, pero casi todos los miércoles la escena se repite. Y vuelve con otras protestas, como ya había ocurrido desde las primeras en diciembre de 2023, cuando el Gobierno amenazaba por altoparlantes en las estaciones de trenes con quitar planes sociales a quien se manifieste con cortes de calle. En las marchas contra la originalmente llamada Ley Ómnibus luego convertida en Ley Bases, las fuerzas de seguridad también hicieron estragos, como el 12 de junio de 2024 cuando detuvieron a 33 personas a las que se intentó acusar de terrorismo, algunas de las cuales permanecieron hasta tres meses presas en cárceles federales. Infundir miedo a como de lugar para desmovilizar y aplicar un mega ajuste ha sido la receta de la administración libertaria con el sello de Bullrich, quien se vale del llamado protocolo anti protestas, inventado por ella con la excusa de liberar la calle que las propias fuerzas de seguridad bloquean (y que está judicializado a la espera de resolución), para justificar al represión.
