El juez federal Julián Ercolini ordenó que se haga una “profunda evaluación” del estado en que se encuentra el núcleo de lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA). Se trata del espacio que pertenece al museo y que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Como toda la administración nacional, el museo de la exESMA sufrió despidos y desfinanciamiento desde que asumió Javier Milei. El golpe más reciente fue la remoción de su directora ejecutiva Mayki Gorosito, que tenía el apoyo de los organismos de derechos humanos para permanecer en el cargo.
En mayo pasado, cuando el museo cumplía diez años desde su creación, Milei decidió desjerarquizarlo. Desde entonces, funciona como una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que quedó a cargo de Ana Belén Mármora, una abogada alineada a las “fuerzas del cielo” del mileísmo.
La desjerarquización del museo y del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se completó con otro movimiento: la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que también tiene su sede en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la exESMA.
Los planteos sobre la situación de los sitios de memoria, en general, son de larga data. En enero, a partir de una presentación de la legisladora Victoria Montenegro, el juez federal Ariel Lijo –entonces a cargo de la megacausa ESMA– le había dicho a Alberto Baños que tenía que garantizar el funcionamiento de los sitios de memoria que están localizados en la Ciudad de Buenos Aires. Eso implicaba que hubiera personal capacitado, mantenimiento y hasta fumigación. En el expediente, las querellas denunciaron que el subsecretario estaba incumpliendo. En el museo, por ejemplo, ya no quedan trabajadores de mantenimiento.
Antes de que arrancara la feria judicial de julio, Lijo dispuso hacer una inspección ocular en la exESMA “a fin de corroborar los extremos apuntados en torno a la falta de cumplimiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) de lo dispuesto oportunamente por el tribunal”. En su resolución, Lijo decía que la exESMA tiene una doble condición: por un lado, es prueba judicial y, por otra, es patrimonio de la humanidad.
Mármora echó a Gorosito y varias semanas después puso a Fernando Vedoya al frente del museo. Vedoya viene del Frente Joven, una organización que milita contra el matrimonio igualitario y el aborto. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene un posgrado en la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Tanto Mármora como Vedoya estuvieron en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la mano de Pablo de la Torre.
Como el juzgado donde tramita la megacausa ESMA está vacante, van cambiando los magistrados que se hacen cargo de esa oficina. Lijo dejó su subrogancia en julio. Actualmente es Ercolini quien está al frente del juzgado federal 12.
El jueves, Ercolini decidió “dejar sin efecto” la resolución de Lijo que ordenaba hacer una inspección judicial. Entendió, por el contrario, que correspondía una “evaluación profunda” de la situación planteada y, en consecuencia, ordenó la realización de “un estudio técnico de especialidad” para determinar el estado del excasino de oficiales donde funciona el museo y los otros espacios con puesta museográfica.
Ercolini dejó el trabajo en manos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Afirmó que deberán ser arquitectos e ingenieros civiles quienes lleven adelante el análisis. No dio un plazo para la realización de la tarea.
Si bien nadie se opone a que se haga un estudio en profundidad, es cierto que Ercolini le hace ganar tiempo al Gobierno y le evita una situación incómoda con funcionarios judiciales recorriendo el espacio junto con sobrevivientes y referentes de organismos de derechos humanos.
Desde el CIPDH no dieron a conocer cuáles son sus planes con el museo. Mármora, por el contrario, publicó días atrás un texto con tono de provocación. “Resulta un desafío, en esta etapa, la tarea de inculcar socialmente que los derechos humanos no son sinónimo de corrupción. Tampoco deben remitir exclusivamente a un determinado momento histórico o a un sector de la población en particular. Menos aún se trata de definiciones abstractas sin un sentido concreto. Por el contrario, su promoción activa puede y debe contribuir a mejorar la vida de todos los argentinos, en el marco de una administración honesta y despojada de sesgos ideológicos, que lleve a cabo acciones vinculadas a las tareas fundamentales del Estado de forma transparente y eficaz”, escribió.
El mensaje no llegó en el mejor momento para hablar de derechos humanos y corrupción: la administración de La Libertad Avanza (LLA) está jaqueada por las denuncias de que funcionarios del más alto nivel –incluida la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei– se quedaban con coimas que provenían de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
