Ordenan una inspección judicial en la exESMA por las denuncias de desmantelamiento 

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Por las denuncias de desmantelamiento por parte del Gobierno, el juez federal Ariel Lijo dispuso realizar una inspección en el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El museo, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fue desjerarquizado hace dos meses por decisión de la administración libertaria y quedó bajo la órbita de una abogada que se confiesa admiradora del tuitero conocido como Gordo Dan.

Para el 22 de mayo pasado estaba convocado un acto para recordar los diez años de la creación del museo. Ese día fue elegido por el Gobierno para publicar 344/25, que lo degradaba y ponía a funcionar como unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

En el CIPDH recaló Ana Belén Mármora, una joven abogada –graduada en la Universidad Católica Argentina (UCA)– y con un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. En la última semana, Mármora compartió en su red social X una foto de Daniel Parisini –Gordo Dan– en La Derecha Fest. “Hoy el Gordo Dan representa a la generación de dirigentes que acompaña el cambio de este país para siempre”, escribió. En las últimas semanas, Mármora también aprovechó para hacer cursos en la Fundación Faro, el think-tank que dirige Agustín Laje, el intelectual orgánico de La Libertad Avanza (LLA) que también viene como Victoria Villarruel o Nicolás Márquez de la militancia pro-dictadura.

El 4 de junio, Mármora le informó a la directora del museo, Mayki Gorosito, que estaba despedida. Gorosito, que había trabajado para la candidatura para la UNESCO, tenía el apoyo de los organismos de derechos humanos.

Rápidamente, hubo planteos de las querellas advirtiéndole a Lijo de la situación. El 10 de junio, como informó este diario, el juez les recordó a Mármora como a Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos, que debían preservar el museo por su doble condición de prueba judicial y patrimonio de la humanidad.

A la semana, Mármora le respondió a Lijo que iba a asegurar la “estricta conservación, mantenimiento y preservación del edificio en el que funciona el Museo Sitio de Memoria ESMA”. Aprovechó esa nota para decirle al juez que iba a iniciar “acciones legales” contra Mayki Gorosito. Era una represalia porque la funcionaria le había estado informando al juez sobre el estado del excasino de oficiales.

En enero, a partir de una presentación de la legisladora Victoria Montenegro, Lijo le había dicho a Baños que tenía que garantizar el funcionamiento de los sitios de memoria que están localizados en la Ciudad de Buenos Aires. Eso implicaba que hubiera personal capacitado, mantenimiento y hasta fumigación. En el expediente, las querellas denunciaron que el subsecretario estaba incumpliendo. En el museo, por ejemplo, ya no quedan trabajadores de mantenimiento. La dotación de personal se redujo a la mitad desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei.

Antes de que arrancara la feria judicial, Lijo dispuso hacer una inspección ocular en la exESMA “a fin de corroborar los extremos apuntados en torno a la falta de cumplimiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) de lo dispuesto oportunamente por el tribunal”. En la resolución a la que accedió Página/12, Lijo hace hincapié en el hecho de que todo el espacio para la memoria, no solo el museo, es prueba judicial y que, además, fue declarado “zona de amortiguación” por la UNESCO.

La inspección será hecha por personal del Juzgado Federal 12 en presencia de integrantes del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el CIPDH y los organismos de derechos humanos. La visita todavía no tiene fecha. Lijo no será parte de la recorrida, porque terminó su subrogancia. Será reemplazado en el cargo por Julián Ercolini.

Si bien el 4 de junio el Gobierno desplazó a Gorosito, todavía no se designó a quién estará a cargo del museo. Recién el jueves último se publicó el decreto 496/2025 con la nueva estructura del CIPDH, que tendrá bajo su órbita al museo y al Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

Horas después de la publicación del decreto, apareció un posteo en el Instagram del CIPDH en el que anunciaba que tanto el museo como el ANM ya funcionaban bajo su dependencia. “La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial y consolida a estas tres instituciones como parte de una nueva estructura estatal, con el objetivo de fortalecer y articular la promoción de políticas públicas en materia de vida, dignidad y libertad”.

https://www.instagram.com/p/DMh-7cYMBCK

El lema invocado por el CIPDH sorprendió, ya que no hablaba de Memoria, Verdad y Justicia, como hicieron notar varios organismos y referentes de derechos humanos en sus respuestas al posteos. Mármora es libertaria, pero fundamentalmente es reconocida por su activismo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y del matrimonio igualitario.

Aunque no se sabe quién será su elegido para dirigir el museo, suena el nombre de Fernando Vedoya. Al igual que Mármora estudió en la UCA, pero, en su caso, es graduado en Relaciones Internacionales. También tiene un posgrado en la Universidad Austral. Fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Después, al igual que Mármora, estuvo en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la mano de Pablo de la Torre. Ahora, funge como asesor del comité contra la trata que funciona en el Ministerio de Seguridad.

Tanto Mármora como Vedoya vienen del Frente Joven, una organización que se creó en 2010, cuando se discutía el matrimonio igualitario. El gobierno se nutrió de varios de sus cuadros. Uno de ellos es el marido de Mármora, Agustín “Chino” Caulo,  que es el número dos de Nahuel Sotelo en la Secretaría de Culto y Civilización.

Sotelo es uno de los cruzados de la “memoria completa” del Gobierno. Es quien impulsa un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las acciones de la guerrilla de los años ‘70 sean consideradas crímenes de lesa humanidad. A principios de mes, fue uno de los pocos funcionarios que participó de una marcha en la que se pedía que se retirara el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la línea E. En 2018, Sotelo escribió Cartas de los ‘70 –El dolor de la otra parte en el que define a los juicios como “venganza judicial carente de todo tipo de garantías judiciales”.

Los organismos están en alerta por lo que vaya a suceder en el museo de la ESMA. Llevan casi dos meses enviándole notas a Mármora para que los reciba. Ella no responde. El jueves, después de que se oficializó la nueva estructura, volvieron a la carga. En esta oportunidad, lo hicieron en su calidad de consejo asesor del museo. Le recordaron que como tal tienen distintas funciones, reconocidas por ley: elaborar el plan anual de actividades del museo, intervenir en la definición de contenidos, participar de las relaciones institucionales y fundamentalmente emitir opinión acerca de quienes van a ocupar cargos directivos en el lugar.

 

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