El Gobierno pretende darlo por cerrado, pero el caso de ex azafata trumpista y sus valijas sigue estando bajo la lupa de la oposición. Ya hay al menos dos pedidos de informes presentados en el Congreso: al primero, impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Maxi Ferraro, se le sumó este miércoles el del presidente del bloque de la UCR en el Senado, Pablo Blanco. Ambos le exigen al Ejecutivo que aporte información sobre el avión privado que partió desde Miami el 25 de febrero, su tripulación y sus pasajeros, y sobre cómo fue el procedimiento de control una vez que aterrizó en Aeroparque. La sospecha más fuerte sigue siendo que hubo irregularidades en la pesquisa del equipaje y de la propia aeronave. Las autoridades de la Aduana, en tanto, salieron a desmentir que se haya dado la orden de no revisar, aunque anunciaron que pusieron en marcha “un sumario interno” con el supuesto objetivo de esclarecer los hechos.
“Si el Gobierno predica la transparencia, que empiece por aclarar quién dio la orden de liberar este vuelo”, apuntó Blanco. En su presentación, el radical hizo foco en la bodega del avión, donde aparentemente quedaron guardadas durante ocho días una serie de valijas “precintadas”, sin revisar. Ese sería el equipaje que transportó consigo Laura Belén Arrieta, la mujer de 32 años vinculada a la derecha conservadora regional y a los servicios. “Si (las valijas) no eran de Arrieta, ¿de quién eran? ¿Por qué no se controlaron? ¿Alguien las retiró en esos días? Todo esto debe ser aclarado con urgencia”, cuestionó Blanco.
En la misma línea, el diputado Ferraro había pedido explicaciones al Gobierno “de todo lo que pasó desde que el avión aterrizó hasta que la mujer en cuestión salió del aeropuerto”. “Si no hay nada que ocultar, el tema debería aclararse sin problemas”, le había dicho a Página/12.
Otro diputado que está detrás del tema es Esteban Paulón. El dirigente trabaja en establecer los nexos entre Arrieta y el mundillo de operadores que rodea a Leonardo Scatturice, un empresario radicado en Miami y vinculado por un lado al mundillo republicano de los Estados Unidos (fue parte de la organización de la CPAC de Washington, hace dos semanas) y por otro a los servicios de inteligencia. Scatturice es el jefe de Arrieta en la firma COC Global Enterpraise, que podría funcionar como la fachada de un entramado de sociedades mucho más amplia, incluso de firmas offshore.
“Arrieta no es un cabo suelto, es parte de un esquema. Estamos investigando los vínculos entre ella y distintos personajes de la derecha conservadora y del propio Gobierno”, le dijo Paulón a este diario, y agregó que no descarta la hipótesis de la existencia de “un sistema de recaudación política” del que el caso de las valijas es apenas un eslabón.
Mientras tanto, para el Gobierno se trata sólo de “rumores”. “Tanto a la aeronave como a la tripulación y a los pasajeros se les realizaron los controles de rutina, conforme a la normativa vigente al momento del arribo del medio de transporte, sin detectarse ninguna irregularidad o novedad en el proceso”, sostuvo ayer la Aduana en un comunicado.
De todos modos, las autoridades del organismo reconocieron que “ante las versiones periodísticas que sugieren la posibilidad de fallas en el control aduanero”, se inició “un sumario interno con el objetivo de investigar los hechos”. “Si el resultado de la investigación confirmase cualquier irregularidad, el personal responsable será desafectado”, aseguraron.
Alrededor del avión que transportó a Arrieta hay varios interrogantes. Se sabe que es un Bombardier Global 5000, un jet de lujo famoso por su capacidad de recorrer largas distancias. Pero es realmente un misterio quién es el dueño: la primera versión del Gobierno fue que es propiedad de la empresa de Arrieta y Scatturice, COC Global Enterpraise. Pero según el registro de aeronaves de la Fuerza Aérea norteamericana, la matrícula N18RU de la aeronave se corresponde con la firma norteamericana “TVPX Trust Services”.
Radicada en Utah, Estados Unidos, “TVPX” brinda servicios de todo tipo a otras empresas ligadas al mundo de los vuelos privados. Por ejemplo, les alquila aeronaves. Ese podría ser el caso más probable del Bombardier 5000 que trasladó a Arrieta. Por lo menos hasta fines de 2023, el jet había sido usado por un empresario colombiano, Ricardo Uribe, de Rua Group. Antes, incluso, había formado parte de la flota con la que se movían la burocracia y la oligarquía rusa, vinculada a Kremlin.
Pero desde 2024 lo tiene consigo otra firma, Flysurjet, que figura entre los clientes “nucleo” de COC Global Enterpraise. Incluso le cambiaron el ploteado, que pasó de un llamativo negro –el que tenía mientras lo usó Uribe– a un elegante gris oscuro, con el logo de Flysurjet (las alas de un halcón) impreso en los alerones de la cola.
La pista del avión puede aportar nuevos datos al caso. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene en su poder el informe sellado en Miami con la cantidad de pasajeros y de equipaje, como sucede con todos los vuelos. Según la descripción de Flysurjet, el Bombarder tiene espacio para 13 pasajeros y hasta 15 valijas.
