Una organización que agrupa a militares le pidió al Gobierno que avance hacia una amnistía general que favorezca a aquellos que cometieron crímenes aberrantes durante la última dictadura militar. La petición se conoce en la antesala de las conmemoraciones por los 49 años del último golpe de Estado y mientras La Libertad Avanza (LLA) desmantela la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).
El 31 de enero pasado, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona recibió una carta del coronel retirado Francisco Verna, presidente de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC). En la nota, que también fue enviada al ministro de Defensa Luis Petri, Verna se quejaba por percibir un “evidente déficit de justicia completa” y un “discriminatorio tratamiento jurídico del personal militar privado de (su) libertad por supuestos delitos de lesa humanidad”.
Verna aprovechó la ocasión para enviarle una propuesta: las bases para una amnistía de reencuentro y pacificación nacional. Era un texto de 22 páginas producido por la abogada Silvia Marcotullio, una egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que fue camarista en Córdoba.
La iniciativa –que tiene sus correspondientes citas a publicaciones de Mario Sandoval, exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado por la desaparición de Hernán Abriata, quien fue llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– aboga por una amnistía general para quienes fueron parte de la “lucha armada subversiva-contrasubversiva” pero también la extiende a los actores institucionales que, desde 2004, fueron parte de la “persecución judicial despiadada por aquellos hechos”. En ese colectivo estarían legisladores, jueces y fiscales.
“La única solución que, por su naturaleza objetiva, general, definitiva y de posibilidad inmediata de ejecución en cuanto haya decisión política, es la amnistía general, aunque no es la más justa: la pérdida ilegal de la libertad de la inmensa mayoría de las víctimas de este drama, convertido en tragedia por los cientos de muertos ocasionados, son un daño irreparable cometido desde el Poder Judicial bajo la apariencia de administrar justicia. La amnistía no es lo más justo, pero es la única forma de resolver hoy este asunto”, dice la propuesta que llegó al Ministerio de Justicia.
Una amnistía general es una atribución del Congreso, y nada parece indicar que esté en agenda –más allá de que haya un grupúsculo de diputados oficialistas que el año pasado fue a reunirse con represores a la cárcel. Desde las postrimerías de la dictadura, los militares buscaron una solución similar con la “autoamnistía”. Cuando se reabrieron las causas a principios de este siglo, hubo quienes propusieron impulsar investigaciones contra los militantes de los ‘70 para forzar una amnistía general. Uno de los ideólogos de esta iniciativa fue, como publicó Página/12, Carlos Alberto Martínez, el hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura.
La UPMAC es una reacción a la reapertura de los procesos contra los criminales de lesa humanidad. Se creó el 29 de mayo –día del Ejército– de 2002. Fue meses después de que el juez Gabriel Cavallo declarara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el caso de Julio Simón, represor de la PFA, que debía ser juzgado por lo que pasó con José Liborio Poblete, Gertrudis Hlaczik y su hijita Claudia Victoria –que fue apropiada tras pasar junto con sus padres por el campo de concentración conocido como el Olimpo. En su web, la UPMAC explicita que su conformación obedeció a contrarrestar las “políticas tendientes a desprestigiar, enjuiciar y encarcelar” a los integrantes de las fuerzas que actuaron durante los años del terrorismo de Estado.
Las autoridades de la UPMAC fueron invitadas en septiembre de 2023 al acto que Victoria Villarruel hizo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al que asistieron abogados defensores de represores y otros integrantes de organizaciones de “memoria completa”.
Hacia finales de ese año, la UPMAC le pidió a Javier Milei que cerrara la Secretaría de Derechos Humanos. Apuntó en particular contra tres profesionales que intervienen en los juicios de lesa humanidad en representación de la Secretaría –los peritos Adriana Taboada (psicóloga) y Ariel Rossi (médico) así como el abogado Nicolás Tauber Sanz.
El año pasado, la UPMAC integró el grupo de organizaciones que presentaron un hábeas corpus colectivo para intentar lograr un pronunciamiento judicial favorable para que los represores salieran de las cárceles. Pese a que hicieron fórum shopping y eligieron una jurisdicción amigable, la maniobra fracasó.
En la última comunicación que cursaron al Estado argentino, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) habían expresado su preocupación por los proyectos para lograr la prisión automática de los mayores de 70 y para poner límites a las investigaciones por crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. Estas iniciativas salieron a la luz junto con los chats de abogados, diputados y amigos de los represores que difundió Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que el 11 de julio pasado visitó el penal de Ezeiza. El Gobierno contestó que no eran propuestas que tuvieran el auspicio oficial.
