El Congreso comienza a ser un polo de resistencia a la motosierra de la Casa Rosada con la decisión de los gobernadores. Luego de fracasar todas las negociaciones con los funcionarios para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos, los mandatarios presentaron sus propuestas a través de dos iniciativas de los bloques del PJ y la UCR en la Cámara de Senadores.
Las propuestas deberán avanzar en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto. La primera presidida por el radical Victor Zimmermann y la segunda por el oficialista Ezequiel Atauche, lo que podría significar un escollo para la intención de los gobernadores. El chaqueño Zimmermann, aunque radical, es un aliado del gobierno al igual que el mandatario del Chaco, quien formalizó una alianza electoral con La Libertad Avanza.
Sin embargo, este jueves, se registró un hecho poco habitual en el que peronistas y radicales abrieron la Comisión de Presupuesto sin una convocatoria formal del presidente de ese órgano para dictaminar en los proyectos por aumento de las jubilaciones y emergencia en discapacidad, con media sanción de Diputados. Este miércoles, fueron los gobernadores los que también terminaron de habilitar el quórum en Diputados.
Los proyectos, punta de lanza para la propuesta de coparticipación de los gobernadores, fueron firmados por los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio; desde la UCR, Eduardo Vischi; del PRO Alfredo De Angeli y la rionegrina Mónica Silva, Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola. También lo hicieron el jefe del radicalismo Martín Lousteau y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moisés.
Las propuestas ponen el foco sobre los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se propone un cambio en la Ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación en forma automática y todos los días. Los senadores señalan que “el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé ‘atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”.
Uno de los proyectos de reforma también plantea la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. De acuerdo a esa iniciativa los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de acuerdo a los índices de coparticipación.
Además elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda. La mayoría de estos fondos habían sido eliminados por el Gobierno, pero hasta el momento no habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.
En los argumentos del proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.
Al defender la iniciativa señalan que “no impacta en otros destinos específicos quе hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que genera el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.
“Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”, señalan los senadores.
