El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Ernesto Cruz Cárdenas, líder de la comunidad mapuche Pailako, a 3 años de prisión en suspenso, mientras que su pareja, Belén Salina, recibió 1 año y medio de prisión en suspenso, por la usurpación de tierras públicas y la destrucción de infraestructura en el Parque Nacional Los Alerces en 2020. El fallo establece que Cárdenas fue responsables de la irrupción violenta en tierras públicas y que ambos produjeron daños en instalaciones estatales. La defensa anticipó que apelará las condenas. La Lof Pailako ya había sido desalojada este verano, como informó Página12 en enero. La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, luego de la lectura del veredicto, aseguró que “si hay algo que queda claro a partir del fallo, es la subordinación de los jueces y fiscales a los grandes latifundios”.
En diálogo con Página12, el abogado de ese colectivo Gustavo Franquet expresó que este juicio expuso “la voluntad de violar y pisotear en forma sistemática los tratados internacionales que Argentina ha firmado, se los trata como papel mojado, hacen una interpretación parcial y falsa de la Constitución, eligen manejarse en el nivel de los códigos procesales y penales e ignoran incluso las condenas contra el país”. El letrado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableció que no hay en Argentina legislación que contemple los derechos amparados en la propia Constitución para que los pueblos originarios puedan acceder a la propiedad y dominio o permanencia en territorios como reparación del genocidio y despojo del que han sido víctimas.
Ensañamiento contra los mapuches
“El Estado argentino va por la criminalización en lugar de ir por la vía civil, en la vía penal solamente hay víctimas y victimarios, queda fuera de análisis lo que hace Parques Nacionales en contra de las comunidades bajo la mentira de que la tierra de parques es propiedad privada, y eligen ningunear el control de convencionalidad, además de ignorar el fallo de la sala II de Casación que ha permitido la libertad de mujeres y niños mapuches”, señaló Franquet. Respecto al juicio, el abogado destacó que Cárdenas –a quien llaman Lemu– y Salina “fueron condenados sin pruebas, porque las declaraciones de los testigos fueron claramente hostiles y racistas, con voluntad personal de atacarlos y mentir para comprometerlos”, en referencia a los testimonios de una mujer y dos guardaparques. En tanto, la condena por usurpación para Franquet “no corresponde según los tratados internacionales cuando miembros de pueblos originarios están en conflicto con el Estado”. En su evaluación, hubo un “racismo internalizado en los testigos, el fiscal (Mariano Sánchez) y el juez (Enrique Baronetto)”.
Asimismo, la Gremial ratificó que “en este juicio se confirmó la subordinación de los jueces y fiscales al poder político, a los poderosos, y en especial a los grandes latifundios. Es lo que explica que nos rechazaran toda nuestra prueba y le aceptarán todo a la Fiscalía”. De hecho, aún antes del inicio del debate, el equipo defensor ya advertía que de 21 testigos propuestos por la defensa, el tribunal sólo aceptaría cinco con el argumento de evitar la redundancia y la suposición de que las personas mapuche darían testimonios similares. En cambio, la acusación presentó 19 testigos y todos fueron aceptados. La causa había sido iniciada en 2020 por el ex-intendente del parque Ariel Rodríguez Albertani, quien durante el juicio sostuvo que conoce “de toda la vida a Cárdenas y nunca fue mapuche”.
En la última audiencia, además, se produjo un escándalo porque cuando lo único que restaba era pronunciar su veredicto el juez Baronetto le concedió nuevamente la palabra al fiscal y a las querellas para que vuelvan a expedirse sobre las medidas cautelares. “Una resolución inaudita que algunos viejos abogados de más de 40 años de profesión jamás vimos. Todos y todas podrán ver en los vídeos a aberración de lo ocurrido”, dijo la agrupación en referencia a las imágenes disponibles en sus redes sociales. “El Fiscal por supuesto se explayo todo lo que quiso con lo cual demostró que siempre fue quien verdaderamente condujo el juicio y no el Juez. Nos quedó claro que el Juez no iba a absolver, pero condenar a prisión efectiva hubiera sido un verdadero escándalo. Igual apelaremos”, concluyeron los letrados de la defensa.
Belén Salina se preguntó en un comunicado, difundido por la agencia Presentes, “¿por qué tanta saña contra Lemu (Cruz Cárdenas), contra nosotros? Jamás tuvimos problemas con nadie, eso lo pueden constatar hablando con la gente de acá. Incluso los mismos guardaparques que nos acusan, jamás tuvimos problemas con ellos”. Es que en enero de 2024, durante los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, Cárdenas fue señalado como el autor del siniestro, a la vez que ofrecía recompensa por datos sobre la causa del incendio. Sin embargo, no pasó de una identificación mediática, no hubo denuncia judicial. “El problema es nuestro ser mapuche, el problema es denunciar el autoritarismo y el sometimiento que ejerce Parques Nacionales en esta zona y los privilegios de los que tienen plata”, completó Salina.
Ellos llegaron primero
En la zona del Parque Nacional Los Alerces habitan desde hace más de cien años familiares de Salinas y Cardenas. En 1938, un año después de la creación de Parques Nacionales, ésta misma Institución otorgó a los ancestros de los Imputados el permiso precario de ocupación y de pastaje que se le otorgaban a los que ellos llamaron “pobladores”. En las últimas décadas los jóvenes mapuche se fueron reencontrando con su ancestralidad, en la memoria de sus antepasados, y adoptaron la cosmovisión de ese pueblo originario.
Nada de esto importó. La comunidad fue desalojada en enero, el entonces presidente de Parques Nacionales Cristian Larsen y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, además de cientos de efectivos federales. A la hora de comunicar el procedimiento, las autoridades mencionaron que habían recuperado la seccional El Maitenal de Parques Nacionales. Sin embargo, al llegar al territorio en disputa los uniformados y sus jefes no encontraron a nadie.
Entre las pruebas que no fueron tenidas en cuenta se encuentran las conclusiones del informe antropológico –a las que accedió Página12, elaborados por el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, la Universidad Nacional de Río Negro, el CONICET y School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford– que demostraron “la ancestralidad en el territorio de diversas familias que componen la Lof Pailako, hasta por lo menos cuatro generaciones atrás, comprendiendo el periodo anterior a la conformación de la actual Administración de Parques Nacionales. En efecto, es el caso de Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, cuyos bisabuelos ya se encontraban asentados en el lugar. A través de las entrevistas fue posible reconstruir la llegada del abuelo de Lemu, Ernesto Cárdenas Rosales, quien llegó junto a su pariente Moisés Rosales, mientras que la literatura habla de la presencia en el lugar de Pedro ‘Motoco’ Cárdenas y de Rudecindo Rosales, correspondientes a una generación anterior”.
