Con una marcha a los tribunales federales de Lomas de Zamora, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reclamaron por la libertad de Thiago Florentín, el joven detenido el miércoles pasado luego de un grupo de vecinos le tirara al presidente Javier Milei con un brócoli y otras verduras, también alguna piedra, cuando intentaba hacer una caravana de campaña en Lomas. Florentín está preso desde aquel día, en el que fue arrestado mientras se alejaba del lugar con su novia. Al ser indagado, declaró que su participación en la protesta consistió en gritar para que Milei se fuera. Según confirmó su abogado defensor, no existe en el expediente ninguna prueba de que Florentín haya hecho nada más que manifestar. Sin embargo, el juez Luis Armella lo imputó por los delitos de atentado a la autoridad e incitación a la violencia pública. Y aunque estas figuras son excarcelables, lo mantiene hace cinco días privado de su libertad.
Los compañeros de militancia de Florentín vienen tratando de hacer visible su caso. El día de su detención se juntaron frente a la comisaría; al siguiente fueron frente al juzgado, donde se concentraron con la consigna “Protestar no es delito”; también están haciendo difusión en las redes. En ese marco, y acompañados por casi treinta organizaciones, este lunes se juntaron en la plaza central de Lomas para dar una conferencia de prensa y exigir su liberación.
“Thiago está preso por protestar contra las políticas de hambre de este gobierno. El sábado le negaron la excarcelación sin ninguna prueba, lo mantienen detenido por el solo hecho de denunciar que este gobierno nos está matando de hambre”, dijo allí Daniela Calarco, coordinadora nacional del MTR Votamos Luchar, el movimiento al que pertenece Florentín.
Ciro Annichiarico, abogado del detenido, agregó que en la causa no hay un solo video o imagen que muestre a Florentín cometiendo los delitos que se le imputan. “Las filmaciones que hay en el expediente son las de la multitud que se reunió para repudiar a Milei. En ninguna siquiera se identifica a Thiago. A él lo eligieron y detuvieron para mandarle a la sociedad el mensaje de que no proteste“.
El joven de 22 años vive en un barrio de Ingeniero Budge, en una de las zonas más pobres de Lomas de Zamora. Se gana la vida como albañil. En estos días venía trabajando en una obra en Once, por una paga diaria. Para llegar a fin de mes, los fines de semana también vende herramientas en la feria. Se sumó al MTR Votamos Luchar hace siete meses.
En la manifestación por su libertad hubo movimientos sociales, políticos, agrupaciones sindicales, asambleas de vecinos y organismos de derechos humanos, que cortaron la esquina de Laprida e Hipólito Yrigoyen y luego se dirigieron a la puerta de los tribunales.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló allí que “no hay ningún argumento jurídico para mantener preso a Thiago. El juez Armella le negó su libertad exclusivamente por causas políticas. Fue detenido en circunstancias absolutamente pacíficas”. Consideró además que “Thiago es un rehén, porque acá no hubo un delito, sino una pueblada en contra del delincuente Milei, de su hermana y del narcotraficante de Espert, que estaban arriba de una camioneta insultando a la población, que con toda justicia les dijo que se vayan y se tuvieron que ir, como se van a tener que ir cuando nos levantemos toda la clase obrera para echarlos”.
En una nota publicada por este diario, Luciana Bertoia contó cómo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se metió en el expediente que mantiene preso a Florentín con una denuncia que presentó Fernando Soto, su enlace con el Poder Judicial. El enviado de la ministra pidió que se investigue el episodio como un caso de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por “coparticipación criminal”.
Luego de esta presentación, el juez Armella rechazó excarcelar a Florentín, en sintonía con lo que también había solicitado el fiscal de la causa, Sergio Mola. El fiscal -de estrechos vínculos con Bullrich– planteó en su dictamen que investigaba los delitos previstos en los artículos 212 y 213 bis del Código Penal: intimidación pública y (una acusación mucho más grave) ser parte de una organización que impone sus ideas o combate las ajenas mediante la fuerza o el temor, acusación casi calcada de la que usó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para procesar a tres militantes peronistas en junio pasado, por un escrache contra Espert en su domicilio.
La criminalización de la protesta -así como su violenta represión- es un recurso que viene siendo ampliamente utilizado en la gestión de Patricia Bullrich para meter miedo y desalentar que la población se manifieste. En este caso, además, la causa le vino a medida a la ministra para distraer la atención del escándalo de las coimas en la compra de medicamentos para discapacitados.
La campaña por la libertad de Florentín continuará el próximo jueves en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en la Ciudad de Buenos Aires, donde los movimientos darán una conferencia de prensa junto organismos de derechos humanos.
