En una grosera maniobra, el Gobierno apuesta a sacarle la causa sobre el escándalo $LIBRA a la Sala II de la Cámara Federal para que pase a la Sala I, bautizada como la sala “M” integrada por jueces nombrados por el gobierno de Mauricio Macri, dos de ellos a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado para ese cargo. La estrategia la lleva adelante la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los criptobros allegados a Javier Milei, que funcionaron como nexo con el estadounidense Hayden Davis, creador del token. La Cámara es la encargada de revisar las decisiones tomadas en la investigación en primera instancia. Es decir, tiene la posibilidad –si quiere– de marcar el rumbo de una causa judicial. En el mismo escrito, la defensa de los criptobros solicitó también cambiar la sala de Casación que sigue el caso, que hasta ahora venia la Sala II comandada por Alejandro Slokar y Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci).
Hasta ahora siempre intervino la Sala II, que integran Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Fueron, por ejemplo, quienes aprobaron que hubiera damnificados querellantes en el expediente. También habilitaron parcialmente la participación de una ONG, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), como amicus curiae (amigo del tribunal), aunque le rechazaron la posibilidad de querellar. La última decisión que tomaron fue convertir el bloqueo a billeteras virtuales de Novelli y Terrones Godoy en un embargo. Por un lado, descongelaron algo más de 300.000 dólares en criptoactivos pero a la vez señalaron que había que asegurar un embargo equivalente para el caso de que se prueben delitos.
El congelamiento, en un comienzo, lo había ordenado la jueza María Servini, que tenía a cargo la causa “madre” sobre el cripto escándalo por el que más de 40.000 ahorristas habrían perdido lo invertido en $LIBRA después de que Milei tuiteara sobre la existencia del token y que estaba supuestamente destinado a fondear pequeños y medianos emprendimientos. Incluso ocurrió que entre que el fiscal Eduardo Taiano pidió la inmovilización de fondos cripto y la jueza lo ordenó, se detectó que de una de las cuentas asociadas con Novelli y Terrones, que no tenía movimientos desde hacía cinco meses, fue transferido a otra billetera más de medio millón en dólar cripto, la mitad de los cuales fueron convertidos a Ethereum, otra moneda que no puede ser congelada. Lo que finalmente se pudo bloquear fueron 301.805 dólares. Pero el dúo de traders, representados por Daniel Rubinovich alegó que esos fondos no estaban relacionados con el lanzamiento de $LIBRA y eran anteriores.
En el ínterin ocurrió un extraño movimiento con el expediente: mientras Servini estuvo unos días de licencia, el juez Ariel Lijo resolvió mandarle toda la causa a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramitaba un expediente que estaba enfocado en la figura de Karina Milei, señalada por distintas personas vinculadas al mundo cripto y a la causa en cuestión, como quien habría pedido dinero por reuniones con su hermano. Al tratarse de una discusión de conexidad, definió la situación el presidente de la Cámara e integrante de la Sala I, Mariano Llorens: le dio la razón a Lijo y le mandó todo a su colega. El fiscal es el mismo, Taiano. No así el equipo, porque en este caso se trata de una fiscalía que este fiscal subroga.
Así las cosas, el abogado de Novelli y Terrones le pidió al juez en cuestión que le diga a la Sala I que ella debería ser quien revise la cuestión del congelamiento/embargo, para corregir lo que hizo la sala II. Sería un recurso que llaman “horizontal”, que un sala se meta con lo que hizo otra. En este caso, el argumento es que la sala I ya intervenía en la causa sobre Karina Milei. Lo cierto es que el criterio que prevalece habitualmente es que intervenga la sala que lo hizo primero y que haya tenido más trabajo sobre el expediente, que sin dudas es la sala II.
El magistrado le giró el caso a la sala I, como pidió la defensa. Además de Llorens, la integran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron designados en la Cámara Federal por Macri con un mecanismo de traslado, ya que venían de tribunales orales y no habían concursado para ser camaristas federales. Es decir, no se usó el método de designación que prevé la Constitución. Un fallo de la Corte Suprema de 2021 sostuvo que no podían estar trasladados en forma indefinida y que el Consejo de la Magistratura debía realizar el concurso para esos dos cargos. Ese proceso está llamativamente trabado. El Poder Ejecutivo podría modificar, si quiere, la situación de ambos, quienes también iniciaron un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el tribunal que el Gobierno quiere que intervenga, en estas condiciones, en el caso que marcó el comienzo de una catarata de denuncias por presunta corrupción que horadan su credibilidad.
Mientras tanto, si bien fueron ordenados análisis de llamados y mensajes en los dispositivos secuestrados, que incluyan las líneas del Presidente y su hermana, toda la discusión sobre el tribunal de alzada demora otros pasos relevantes en la causa.
